Tres personas fueron detenidas ayer por la Policía Nacional durante un desahucio de trece familias que residían en la Corrala de Buena Ventura, en la calle Ventura Rodríguez de la capital. Según fuentes policiales, los arrestos se produjeron por la presunta resistencia y desobediencia a la autoridad de varias personas que se atrincheraron durante tres horas en el tejado del edificio.

La tensión comenzó en Buena Ventura antes de las 9.30, hora a la que, según los afectados, estaba notificado el desahucio por el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Málaga desde julio, aunque criticaron el «desmesurado de la fuerza» de los agentes. Con las pertenencias de las familias en la calle, la policía entró en el edificio para ejecutar el desahucio, momento en el que un grupo de diez personas se resistió a salir y se desplazó a la azotea del edificio. «Ellos han llegado reventando puertas, ventanas y cristales y nos han acorralado arriba», dijo uno de los desalojados.

Por su parte, el comisario provincial, Pedro Garijo, aseguró que no hubo «ni incidentes ni enfrentamientos» y que no se utilizó ningún elemento antidisturbios. Igualmente, el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, señaló que la actuación policial fue correcta, que se siguieron órdenes de un juzgado y que se aplicó el protocolo habitual en estos casos.

Una vez que varios activistas se atrincheraron en el tejado, la autoridad judicial solicitó la presencia de los bomberos. Fue un agente de la Policía Nacional el que subió al tejado para hablar con los tres activistas, entre los que se encontraba el abogado de las familias, José Cosín, según un portavoz policial. Finalmente bajaron por su propio pie y fueron detenidos.

La Corrala Buenaventura se formó hace ocho meses, cuando estas familias decidieron ocupar un edificio que llevaba años cerrado tras encontrarse en situación de desempleo y haber sido desahuciados o haber tenido que abandonar sus hogares a causa de la crisis económica. De las 12 familias que residían en el inmueble, 11 han recibido ayudas económicas para garantizarles el acceso a una vivienda a través del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, según precisaron fuentes municipales. Sólo una fue excluida al comprobarse que es titular de una casa del Instituto Municipal de la Vivienda en La Corta.

Por su parte, la secretaria general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer, criticó la intervención policial y afirmó que el problema del acceso a la vivienda «es social, no de orden público». «Estamos sobrecogidos por la intervención policial».