La Audiencia es muy dura con los ediles marbellíes

La Sala insiste en que la ignorancia de los políticos era "deliberada, cómoda y rentable económicamente"

05.10.2013 | 20:44
Reñones y Coke Calleja, exediles de Marbella, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.
Reñones y Coke Calleja, exediles de Marbella, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.

La sentencia es especialmente dura con los concejales. Sólo uno de ellos, Antonio Luque, sale ileso del envite. Marisol Yagüe es el cargo público con mayor pena, a seis años de prisión, la mujer a la que el juez Torres definió como marioneta; el exregidor Julián Muñoz sale muy bien parado de esta condena, de tal forma que frente a la década de prisión que se le pedía sólo es sentenciado a dos años, e Isabel García Marcos, exgarante de la legalidad reconvertida en concejala con inquietudes oscuras, es castigada a cuatro años y ve cómo se le decomisan los 376.000 euros hallados en sobres en su casa y cuyo origen ella atribuyó a una herencia y a regalos de bodas. Es más, se usa ese indicio como un argumento de peso para condenarla. También es condenado el exsecretario municipal, Leopoldo Barrantes.

De cualquier forma, la Sala es especialmente dura con los servidores públicos. Éstos, cuando a finales de los noventa y principios de la pasada década llegaron las primeras notificaciones judiciales, se agobiaron.

Al ser el testigo clave del caso y jefe del servicio jurídico de Urbanismo, Jorge González, relegado a un segundo plano, José Luis Sierra, asesor jurídico de Gil, ideó la figura de los asesores externos para elaborar los informes que sustentaban la concesión de licencias pese a que no se adecuaran al PGOU del 98, tumbado por la Junta.

«La mayoría de los concejales procesados han argumentado que no tenían conocimientos urbanísticos algunos, y que se limitaban a aprobar aquellos convenios que estuviesen favorablemente informados por los asesores técnicos y jurídicos», lo que no acoge la Sala porque no se juzgan sus conocimientos, «sino si cumplieron o no con las obligaciones propias de su cargo».

«No fue así cuando haciendo absoluta dejación de funciones se concertaron con Roca para allanarle el camino a sus actividades y negocios urbanísticos ilícitos, a cambio, claro está de percibir unas elevadas cantidades económicas que a título de dádiva les ofrecía aquel, previa extracción a los empresarios de la construcción», dice.

De hecho, en una conversación entre García Marcos y Yagüe, la primera le dice a la segunda, refiriéndose a los conocimientos del edil de Deportes, Tomás Reñones: «Tú antes al tribunal le podías ir diciendo: mire usted, no tengo ni puta idea... pero hoy en día tú no puedes decir eso, porque tú llevas un informe jurídico».

El órgano sentenciador tacha de «panacea» el hecho de contar con esos asesores externos: «Si el servicio jurídico del Ayuntamiento no informa de los actos administrativos del Consistorio en el sentido que nos interesa, sencillamente los relegamos, y nombramos asesores externos más proclives a aceptar nuestras decisiones, porque si no son receptivos a ellas, sobre todo las de Roca, simplemente se les rescinde el contrato».

Criatura contra Derecho

Sierra dio aliento a esa criatura contra Derecho, pero los ediles, insiste la sentencia, tenían la obligación de informarse sobre lo que votaban: «Se ha acreditado una absoluta dejación de funciones municipales a cambio de dinero».

La Sala tiene la impresión de esa dejación lleva a los ediles a instalarse en una situación de ajenidad a la responsabilidad de las resoluciones que adoptaban. «Es como si la aprobación de algo tan importante como es la política urbanística de un municipio no fuera con ellos, como si se limitaran a pasar por allí y decidir en la más absoluta ignorancia».

«¿Dónde están el cumplimiento de la larga lista de deberes de información y de responsabilidad en la decisión que tienen por imperativo legan en su consideración de concejales?», se pregunta el tribunal. «Claro que tenían esa libertad y capacidad de decisión, lo que ocurre es que se habían entregado en manos del señor Roca, ideando la pantomima de los asesores externos para no contradecir los intereses de quien definitiva tenía el auténtico poder en urbanismo», que ellos toleraban a cambio de dádivas.

No puede pretenderse que políticos se mantengan indefinidamente en una situación de ignorancia «cómoda, deliberada y rentable económicamente». Es más, la prensa advirtió durante años de las ilegalidades, igual que hizo la Junta. «Los concejales trabajaban y la mayoría de ellos residían en el extranjero», aclara la Sala, por lo que debía conocer la anormal situación urbanística del municipio.

Por cierto, la Sala recuerda que muchos de los aumentos de edificabilidad o recalificaciones de las fincas han sido luego legalizadas por el PGOU elaborado por el PP para el municipio, aunque no lo califica. E insiste en que los concejales cobraban dádivas precisamente «por colaborar con ese urbanismo a la carta que durante años se vino fraguando».

La gala

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