Sentencia del caso Malaya

Los mayoría de los empresarios salen absueltos o con penas muy rebajadas

El Tribunal habla en la sentencia del «desmedido afán de lucro» de los condenados y cómo aceptaban regir su operación inmobiliaria por un plan parcial inexistente

05.10.2013 | 15:39
Rafael Gómez Sandokán, saluda al salir de la Ciudad de la Justicia.
Rafael Gómez Sandokán, saluda al salir de la Ciudad de la Justicia.
Empresarios

Carlos Sánchez. 6,3 años y 4,7 mill.
Andrés Liétor. 6,3 años y 4,7 mill.
Massimo Filippa. 4 años y 3 mill.
José Ávila. 3,8 años y 11,5 mill.
Ismael Pérez. 2,2 años y 200.000 €
Rafael Gómez. 6 meses y 150.000 €
Jesús Ruiz. 3 años y 2,2 mill.
Jenaro Briales. 3 años y 2,2 mill.
Francisco García. 3 años y 2,2 mill.
De Caldas. 8 meses y 30.000 €
Giovanni Piero. 8 meses y 150.000
Cristóbal Peñarroya. Absuelto
Tomás Olivo. Absuelto

La expectación levantada ayer iba más allá de las penas que el Tribunal imponía a los principales acusados de la trama de corrupción de Marbella. Un buen porcentaje de los presentes en la Sala número 4 eran amigos y familiares del nutrido grupo de empresarios que formaban parte de la sentencia y que salieron en algunos casos por la puerta de la Ciudad de la Justicia con penas bastante inferiores a la petición fiscal y, en otros, con la absolución debajo del brazo.

El peso que los empresarios tienen en el proceso queda patente en una sentencia que literalmente señala que su situación fue propiciada por ellos mismos, «pues conocedores de la existencia de un Plan General de Ordenación Urbana vigente que no era otro que el de 1986 se dejan embaucar por cantos de sirena y guiados por un desmedido afán de lucro aceptan regir su operación inmobiliaria por un plan parcial inexistente, condicionado, con el evidente riesgo empresarial que ello comporta pero que de triunfar, de llegar a buen puerto la operación, los beneficios a percibir, la ganancia a obtener sería muy superior a la que se podría obtener con la estricta aplicación, con estricto sometimiento al plan vigente».

A pesar de las rebajas, los peor parados fueron los socios de CCF 21 Negocios Inmobiliarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, y que finalmente fueron condenados a 6 años de prisión, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos. En ambos casos se consideran probados los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y prevaricación administrativa, mientras que fueron absueltos de otros cinco delitos. Dura es también la condena para José Ávila Rojas, actualmente en prisión por delitos fiscales. Este escuchó del juez una pena de 3 años y 8 meses de prisión y 11,5 millones por cohecho y blanqueo, lejos de los 10 años y 55 millones que solicitaba la Fiscalía.

Una de las caras más conocidas, el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, se fue con una radiante sonrisa a razón de los seis meses de cárcel por cohecho, 12 menos de los solicitados, y una multa de 150.000 euros con arresto personal sustitutorio de 1 mes en caso de impago. Según la sentencia, en el caso de Gómez incurre «la atenuante analógica de detención irregular, por lo que se sustituye la pena de prisión por la de 12 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y una multa de la mitad del tanto de la dádiva.

La sentencia también supuso una rebaja sustancial para los directivos de Aifos Jesús Ruiz, Jenaro Briales y Francisco García, que en los tres casos afrontaban peticiones de 7 años de prisión y multas de 8 millones y al final se quedaban en 3 años y 2,2 millones de multa por barba por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude. El expresidente Sevilla FC, José María González de Caldas, abandonó la sala con ocho meses de prisión por un delito de cohecho frente a los 2 años solicitados en su día por el ministerio público.

Otros de los nombres que más tinta han gastado durante el juicio, Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya, fueron absueltos de todos los delitos que se les imputaban.

La gala

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