Escribo hoy con la resaca propia de quien ha asistido a una auténtica fiesta de las que hacen afición. La fiesta de la ley.
Ayer se notificó la sentencia del conocido como caso Malaya y, en conjunto, los letrados que hemos participado en la defensa podemos estar muy satisfechos y orgullosos del resultado. Este macrojuicio empezó hace tres años con grandes dudas, pues la Justicia con mayúsculas no existe y la justicia con minúscula es contar con los medios suficientes para intentar alcanzar algún día la otra. Esas dudas ya se han resuelto, y en términos generales, se ha alcanzado una certeza jurídica de 5.408 folios que el Tribunal Supremo deberá casar o avalar, pero mientras se baraja no se pierde.
Ayer volví a aquel pasillo donde todo empezó. Vi gestos de preocupación, escuché risas nerviosas y detecté todo el catálogo posible de actitudes exteriorizadas. Sin entrar en valoraciones individuales sí diré que se esperaba alguna nulidad sobre la instrucción, que las quejas de la totalidad de los letrados fueran acogidas por esa magnífica sala, pero la actuación del magistrado instructor ha sido salvada por goleada exceptuando algunas cuestiones. Lo que cabe preguntarse más allá de consideraciones técnicas es si para este viaje hacían falta estas alforjas.
La macro operación de detenciones y demás medidas se antoja ahora desproporcionada a la luz del dictado de la sentencia. No existe ni un solo caso actual en el que los jueces estén adoptando medidas tan extremas como las que se acordaron en Malaya, pues llegó un momento que en vez de mandar imputados a prisión parecía más apropiado rodear Marbella con alambre de espino. Y no olvidemos la disolución del Ayuntamiento, un auténtico golpe de mando que dio lugar a la mamarrachada de la comisión gestora.
De este hecho debemos aprender todos, letrados, acusaciones e instructores. Una imputación no puede suponer el adelanto de una eventual condena, la mesura y la proporcionalidad deben orientar cada petición fiscal y cada resolución judicial, pues son cuarenta y tres las personas absueltas que han padecido un auténtico calvario procesal. Y eso no puede ser gratuito.
Habrá un antes y un después de Malaya, la mayoría pensará que sale barato delinquir en este país, y los menos pensaremos que la ilustrísima Sección Primera ha aplicado la ley para bien o para mal. La sentencia será estudiada, comentada, aplaudida o vilipendiada, pero lo que es seguro es que será recordada.
Ahora entran en juego los recursos y el consiguiente rosario de interpretaciones y chascarrillos sobre la asepsia política de magistrados que antes o después deberán resolver las futuras casaciones de los ERE, Bárcenas o Urdangarin y sus inevitables comparaciones. Asistiremos a los estertores de este Leviatán judicial que hizo tambalearse el estado de derecho en la amada Marbella, pero para eso aún queda mucho. Mientras tanto, y siempre desde el respeto, hagamos examen de conciencia y decidamos si lo que ha pasado ha sido necesario o proporcionado. Para saber si ha sido ajustado a derecho ya está el Alto Tribunal.
Pero eso sí, que nadie piense que los mal llamados malayos se han ido de rositas porque no se les han impuesto condenas apropiadas. Tengan en cuenta que la pena por asesinato es de veinte años de prisión, y partiendo de esa base considero que las penas acordadas en atención a los hechos probados, salvo mejor criterio de la superioridad, son más que altas. Los jueces están para aplicar la ley, no para hacer justicia, y si las penas son las legisladas por los políticos habrá que apuntar hacia ellos las críticas y los posibles enfados, no contra todos los operadores procesales que hemos formado parte de Malaya.
Una cosa es lo que te pide el cuerpo, y otra muy distinta lo que estipula la ley. La sentencia dictada respeta escrupulosamente la norma, tanto que será recurrida sí o sí, y solo un tribunal «ad quem» dirá si su contenido es bendecido o no. Ayer se acabó la fiesta, algunos esperaban grandes condenas y otros ansiábamos más nulidades y absoluciones. Ahora toca recoger los bártulos y prepararse para el siguiente asalto, porque mientras exista una acusación los letrados seguiremos peleando, aunque algunos no lo entiendan.
Y sigo sin saber si esta sociedad es fruto de la ley o al revés.
(*) Javier Muriel Navarrete es abogado.
