Sentencia

Los sobornos se pagaron por desmanes urbanísticos legalizados posteriormente

El Tribunal de Malaya recoge en la sentencia la dificultad para relacionar los pagos de empresarios con actos ilegales concretos

07.10.2013 | 13:04
En el banquillo, de izquierda a derecha, José Ávila Rojas, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca.
En el banquillo, de izquierda a derecha, José Ávila Rojas, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca.

La sentencia del caso Malaya no ha sido ejemplarizante, sino justa, según varios abogados defensores consultados ayer por este periódico, que defienden así el trabajo del ponente y presidente del Tribunal, José Godino, tras haber condenado a 52 de los procesados y absuelto a 43. Lo cierto es que este magistrado, indican varios de los juristas, hace un estudio de enorme calado jurídico sobre la figura delictiva del cohecho y reconoce en el fallo que ha sido muy difícil relacionar los sobornos con un desmán urbanístico en concreto. Es más, aclara que muchas de esas ilegalidades por las que promotores y constructores se aflojaron el bolsillo han sido legalizadas por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU) o bendecidas por los jueces.

Y eso es una garantía para los acusados, puesto que el cohecho por acto delictivo es aquel por el que el fiscal pedía cuatro años de cárcel para muchos de los encausados; sin embargo, la pena se ha visto sensiblemente reducida al tratarse de cohecho injusto por acto no ejecutado.

Aunque a lo largo de toda la instrucción las unidades de élite de la Policía Nacional y los técnicos de Hacienda trataron de vincular pagos y actos administrativos ilegales –concesiones irregulares de licencia, recalificaciones o aumentos estratosféricos de edificabilidad, amén de convenios dudosos–, y aunque algunas de las anotaciones de Maras Asesores apuntan en esa dirección, el hecho de que no se haya podido probar más allá de toda duda razonable su conexión ha hecho que las penas mermen. «Las acusaciones no han podido vincular el pago a un acto administrativo concreto, y parece que, a priori, se pagaba por algo que no era delictivo ni ilegal». Esto es lo que se conoce como los apellidos del cohecho, «es un detalle importante», porque los sobornos probados se castigan con penas de uno a dos años de cárcel, con lo que el castillo de naipes se tambalea.

La sentencia es fiel reflejo de Godino, quien critica «la ambigüedad de las acusaciones» en la calificación de los delitos, y luego reflexiona sobre esta figura tan de moda. «Las dádivas no fueron entregadas por actos concretos, sino que los concejales se encontraban, por así decirlo, en nómina del señor Roca», precisa el Tribunal. «Guste o no, es lo que ha quedado probado», señala.

«Claro, lo mismo que se acepta esa tesis de la nómina, desvinculando así el acto concreto que se realiza a cambio de la cantidad concreta que se percibe, es visto que ya resulta prácticamente imposible dilucidar y determinar los actos que sirven de contraprestación a la percepción de la dádiva», reflexiona, por lo que entiende que ello no puede perjudicar al reo.

«La Sala debe decir que, examinados muchos de los casos enjuiciados, sería difícil llegar a condenar algunos de esos actos como delito, pese a que parece ser el criterio de las acusaciones», apunta.

Antes al contrario, «hemos de reconocer que muchos de los actos que en principio parecían ser considerados como delictivos, finalmente ha sido rechazado tal carácter por los tribunales. Muchas de esas parcelas o construcciones que fueron consideradas como ilegales han encontrado acogida y cobertura legal en el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella; de modo que, ante la duda, debe prevalecer la opinión más favorable al reo».

Es ampliamente conocido que, de las 30.000 viviendas ilegales de Marbella, luego se pasó a 18.000 y la mayor parte de ellas quedó naturalizada con el nuevo documento urbanístico.

Eso sí, la Sala desmonta la versión ofrecida por Roca relativa a que él pagó a los concejales por que se mantuvieran unidos hasta las elecciones de 2007, sino que retribuía en sobres a los tres portavoces del tripartito (Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y el prófugo Carlos Fernández). Es más, se va a los dos años de cárcel para los ediles precisamente por tratarse de servidores.

Algunas defensas auguraron que el Supremo podría dejar, incluso, las penas más rebajadas aún, pese a que alabaron el estudio jurídico efectuado por el Tribunal en la sentencia. «No se ha podido conciliar, vincular cada entrega concreta de dinero con un acto concreto del concejal», dice.

A medida que se lee la sentencia, las innumerables aristas de la trama de corrupción van saliendo a la luz. Una de las claves que también apuntaron varias defensas es que, aunque en un principio la Sala criticase la forma de algunas de las detenciones del juez Miguel Ángel Torres, el documento judicial refrenda su trabajo. «Se podría decir que la condena existe precisamente por las primeras declaraciones que prestaron doce de los detenidos allá por marzo y julio de 2006», dice una fuente judicial.

Curiosamente, muchos de ellos alegaron cierta presión para delatar a sus compañeros o que se usó su paso por prisión para favorecer confesiones.

Además de los apuntes contables de Maras Asesores, validados por Juan Antonio Roca en su confesión en el juicio en noviembre de 2011, la Sala se basa en las conversaciones telefónicas –muy jugosas– y en esas declaraciones, que demuestran el clima de «corrupción generalizada» existente en Marbella.

«Son varios los concejales que han reconocido en sus primeras declaraciones haber recibido sobres con dinero por parte de Roca, a través de Yagüe, que, según sus propias declaraciones, procedían de aportaciones realizadas por empresarios», aclara el Tribunal.

Por ejemplo, Tomás Reñones reconoce el 28 de junio que Yagüe le entregó desde 2003 sobres de dinero y cree que eran un premio por su trabajo, mientras que Fernández Garrosa admitió haber percibido 60.000 euros de 2004 a 2006 por su trabajo en las sociedades municipales. Vicente Manciles aceptó un sobre con 18.000 euros de Roca porque tenía «problemas económicos».

Carmen Revilla admitió el cobro de 40 millones de pesetas, precisamente en su primera declaración, el 28 de junio de 2006, al igual que la Sala también señala que muchos empresarios admitieron haber pagado como Fidel San Román –el 17 de julio de 2006–, quien pagó dos millones de euros al Consistorio en efectivo sin recibo o los directivos de Aifos. El presidente de esta promotora llegó a decir: «Sabía que el dinero era para Roca, y no sabe por qué decidió pagar, y reconoce que hizo mal y está arrepentido».

En cuanto a por qué el juez Torres se atribuyó el caso y su supuesta parcialidad, la Sala da la cara por el magistrado y recuerda que éste se quedó el proceso porque Roca tenía ojos y oídos en toda Marbella. «El temor a la filtración de la investigación no es superfluo e infundado, ya que existen imputaciones contra funcionarios policiales y judiciales, acusados de facilitar datos a Roca para garantizar su seguridad». También se condenó al juez Francisco de Urquía.

Por ello, Torres actuó con precaución y decidió investigar él lo que debía haber enviado a reparto. Asimismo, la Sala asegura que todas sus resoluciones fueron refrendadas por la Audiencia y el segundo instructor, Óscar Pérez, validó la investigación del granadino y amplió las imputaciones.

La gala

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