Caso de los ERE

Detenidos un director de hotel de la costa y un exbanquero por el fraude de los ERE

La juez Alaya cree que la empresa que gestionaba los establecimientos pagó 389.277 euros al testaferro Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los principales imputados

09.10.2013 | 10:48
Imagen facilitada por la Guardia Civil de uno de los registros en la operación Heracles.
Imagen facilitada por la Guardia Civil de uno de los registros en la operación Heracles.

Otros siete detenidos fuera de Málaga entre los que hay varios sindicalistasv

Una nueva oleada de detenciones ordenada por Mercedes Alaya, la juez que investiga los supuestos fraudes en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), alcanzó ayer a la provincia de Málaga, donde se produjeron dos de los nueve arrestos de la segunda fase de la operación Heracles desplegada en ocho provincias.

Si el pasado mes de agosto la sombra de los ERE alcanzó al hotel Cervantes, propiedad del grupo empresarial de la familia Ruiz Mateos, la intervención de la Guardia Civil se centró ayer en Málaga en el hotel Don Pedro, donde los agentes detuvieron al director del complejo del que también forman parte el hotel Don Pablo y Don Marcos. Se trata de Ángel Quesada, un hombre muy conocido en el sector hotelero, que además es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol en Torremolinos. Según fuentes cercanas al caso, Quesada ya superó una inspección de la benemérita el año pasado, aunque en esta ocasión acabó en la Comandancia de Málaga, donde permanecía anoche a la espera de prestar declaración.

El segundo detenido es un exbanquero residente en la capital del que no trascendieron más datos, aunque formaría parte de la investigación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades de blanqueo de capitales. El motivo del arresto son la presuntas irregularidades detectadas por la magistrada en un ERE sobre 250 trabajadores que se produjo en el complejo en el año 2004 gestionado por la aseguradora Vitalia –ahora Generali– y Nexprom, la entonces propietaria de los hoteles.

Sin embargo, la punta del iceberg de esta operación salió a flote en marzo de 2011, cuando a las manos de Alaya llegó una documentación que calificaba de ilícitas al menos una decena de prejubilaciones de las 54 que se llevaron a cabo.

En enero y agosto del año pasado, los prejubilados se manifestaron para denunciar que no cobraron las pagas de julio y diciembre, respectivamente. Los afectados adjudicaron el impago a Generali, la encargada de las rentas gracias a una póliza aseguradora que tenía avalada con la Junta de Andalucía. En el primer caso, los afectados recibieron un escrito de la aseguradora en el que decían que «se veían obligados» a dejar de pagar ante «el impago de las primas de póliza por parte de la Consejería de Empleo».

Con todo esto, la juez autorizó la entrada en el hotel Don Pedro ante la posibilidad de que hubiesen hecho pagos aún no detectados al exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas, encarcelado desde marzo en la trama del caso centrada en las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras en los ERE. Europa Press cuantificó ayer en 389.277,51 euros lo que Nexprom pudo abonar al testaferro Juan Francisco Algarín Lamela.

Además de las dos detenciones de Málaga, la Guardia Civil sumó otras siete en las actuaciones realizadas en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, y Sevilla, así como en Madrid, Segovia y Barcelona, en las que hubo una decena de registros. En Sevilla trascendieron las detenciones del hasta ahora director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla y exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla entre 2002 y 2004, Enrique Rodríguez Contreras, y el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, Roberto Carmona Soto. También se registraron los domicilios del exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, Juan Antonio Florido, y del presidente de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, debido a la supuesta prejubilación de dos hombres ajenos a la plantilla, uno de ellos marido de una exconcejala del PSOE y otro familiar del otrora alcalde socialista de Camas y exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas.

Según la juez, Rodríguez Contreras era un hombre «de la absoluta confianza» del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, señalado en la investigación a cuenta de su cargo. Como gerente provincial del IFA, la magistrada cree que habría tenido «una intervención destacable» en la concesión de subvenciones y habría protagonizado «significativas arbitrariedades» para conceder estas ayudas «por decisiones influidas de intereses particulares».

Por ejemplo, Rodríguez Contreras habría tomado parte «en el proceso inicial de las ayudas» concedidas a las empresas de corchos de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

La operación fue completada con la detención en Cádiz del secretario provincial de UGT, Salvador Mera, mientras que en Córdoba fueron arrestados un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano, José Manuel Casado. En Jaén, la Guardia Civil requirió a varios bancos de la provincia información sobre movimientos de cuentas relacionadas con la trama, aunque no mediaron registros o detenciones.

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