Serón trató de mantener la alcaldía pese a la condena por corrupción del Supremo

Ayer el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia para los dos políticos, quienes ya están oficialmente condenados por corrupción, pero el alcalde no hizo ayer ningún movimiento para dimitir buscando nuevas argucias legales como un recurso al Tribunal Constitucional para que paralice la ejecución de la sentencia para seguir en el cargo.

Martín Serón ha convocado para hoy una rueda de prensa a las doce de la mañana donde comunicará su decisión después de que en el día de ayer mantuviera conversaciones con Elías Bendodo y, según fuentes consultadas, lo más seguro es que acate la sentencia y presente finalmente su renuncia al cargo.

En la sentencia de la Sala Segunda del Supremo, una ponencia de Antonio del Moral, se desechan todos y cada uno de los motivos de apelación alegados por los sentenciados en la Audiencia Provincial, y se avala la calidad del fallo de instancia, en este caso emanado de la Sección Octava y cuyo ponente fue Pedro Molero.

En la sentencia de la Audiencia, ratificada en todos sus extremos por el Supremo, se declaró probado que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, delegó las competencias de Urbanismo en el concejal José Gregorio Guerra, pese a lo cual «le impartía instrucciones y órdenes al respecto». Así, el concejal, «de común acuerdo» con el responsable del municipio, «venía exigiendo con insistencia, al menos desde mayo de 2006, a José Burgos Leiva, con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial, el pago de la suma de 122.000 euros».

A cambio, el edil Guerra le concedió al empresario local una licencia de obras mediante decreto para construir 14 viviendas y un garaje sobre una parcela de 253 metros cuadrados en la calle Azucena del municipio.

Eso sí, la Sala de Málaga no consideró probado, como sostenía la Fiscalía Anticorrupción, que entre 2002 y 2006 hubiera funcionado en el Consistorio una trama cuyo objeto era el enriquecimiento personal de Serón y Guerra, consistente en exigir pagos a los promotores.

Finalmente, a Serón y Guerra se les condenó por cohecho a pagar 200.000 euros y a un año de suspensión para empleo o cargo público. Lo cierto es que la polémica rodeó desde el inicio, en enero de 2007, a la operación Troya, puesto que Martín Serón fue detenido por la Udyco en un mitin que Mariano Rajoy, por entonces líder de la oposición, daba en Marbella.

Él siempre defendió que detrás de este proceso estaba la larga mano del PSOE, aunque lo cierto es que al principio se le imputaban diversos delitos, pero ese racimo de ilegalidades fue reduciéndose al mismo tiempo que el número de imputados, que llegó a ser de 20. Finalmente, el caso se desinfló porque el nuevo PGOU del municipio no había sido publicado hasta marzo de 2010, y las licencias por las que pudieron pagar 16 promotores encausados eran ilegales en base a ese documento. Cuando se reconoció el retraso en la publicación del plan, el fiscal retiró las acusaciones y las 18 absoluciones -había dos técnicos municipales también- fueron la consecuencia lógica.

Una de las causas de recurso de casación aducidas por la defensa de Guerra, ejercida por Pedro Apalategui, reside en que la sentencia no está fundamentada, lo que rechaza de plano la Sala II del Supremo: «La Audiencia vierte en la sentencia una extensa motivación fáctica», que arranca con la declaración del testigo de cargo, Burgos Leiva. Una conversación telefónica entre el regidor y su edil el 23 de noviembre de 2006 deja claro cómo el primero le dice al segundo que le pida al arquitecto municipal «que le ponga las cosas negras al empresario o promotor de turno», lo que da idea de que los dos políticos del PP jugaban «con la confusión derivada» de las normas urbanísticas.

La licencia se le dio al constructor con informes desfavorables, prosigue el Alto Tribunal. Por ello se descarta la hipótesis de que el edil actuara a espaldas del alcalde. La declaración de cargo se ve avalada además por las conversaciones telefónicas de los principales condenados, por las notas manuscritas halladas en el despacho del edil a nombre del testigo y los archivos informáticos.

La Sala llegó a calificar la postura del edil en el plenario como «inaceptable», puesto que no supo decir si las anotaciones eran suyas. La Audiencia rebate, uno por uno, los argumentos de las defensas para menoscabar el crédito del testigo y lo hace con exquisito «escrúpulo motivador», dice el Supremo.

Sobre la calificación de «inaceptable», dice la segunda instancia que no es afortunada, pero que no se dirige a él en condición de acusado, sino de «responsable público», aclara. Desecha también el Supremo los argumentos de Serón relativos a la acusación sorpresiva ya que, según dice, no se le preguntó nunca por Burgos Leiva, lo que la Sala rechaza, recordándole que él negó haberle pedido dinero.

Serón y Guerra se declararon en el juicio «analfabetos» en urbanismo, lo que usó la Audiencia Provincial para criticarlos. Sin embargo, en el recurso Serón dice sentirse molesto, pero le recuerda la Sala Segunda que esa expresión la usaron ellos mismos y carece de significado vejatorio.