Acata la suspensión de cargo público, pero no dimite. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, dejará de ser la máxima autoridad de dicho municipio, al menos, durante el próximo año. Así lo dijo ayer en una comparecencia donde, además, criticó y cuestionó el proceso judicial que concluyó culpándolo de un delito de cohecho pasivo tanto a él como al concejal de Urbanismo de la institución, Gregorio Guerra.

Arropado por todos los concejales que componen el equipo de gobierno, Martín Serón se mostró «muy decepcionado» con el fallo del Alto Tribunal, que calificó de «injusto y corporativista» porque «se basa en un absoluto montaje que se hizo contra

nosotros y que ha quedado en una única prueba artificial con el único fin de conseguir una sentencia condenatoria».

El todavía regidor fue más allá y criticó duramente el sistema judicial, y más concretamente, el proceso conocido como caso Troya.

«Creo que estoy en todo el derecho del mundo en denunciar que una justicia de este tipo no es justicia. Es un auténtico desastre. No puedo hablar del resto de casos, pero en el mío así lo siento yo. En España no pueden mandar los jueces, tiene que hacerlo el pueblo. Que lo diga una sentencia no quiere decir que sea verdad, no son palabra de Dios», apostilló tajantemente.

De esta forma, el munícipe alhaurino arremetió directamente contra el presidente de la Sala del Tribunal Supremo que ha instruido la causa, Cándido Conde-Pumpido. Según Serón, éste era incompatible con la causa debido a su pasado como fiscal general del Estado durante las dos legislaturas del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.

«El mismo señor nombrado por Zapatero y que utilizó la Fiscalía con fines políticos, y estaba ejerciendo como tal cuando fui detenido y el que luego me juzgó. Durante el proceso no fue posible pedir su recusación, pero ahora estamos estudiando otros recursos extraordinarios para alegar incompatibilidad. No quiero pensar que no se pueda hacer nada contra eso», dijo.

También tuvo duros reproches contra el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ya que expresó durante su intervención que «debería pedirme perdón, al menos en persona».

«¿Ustedes creen que el fiscal Anticorrupción se puede ir impune de ésto después de todo lo que hemos sufrido? ¿Sin que yo diga nada; que yo me calle? Si yo creo que el Supremo está equivocado, lo tengo que decir», manifestó.

Así pues, el propio Juan Martín Serón fue quien anunció que la próxima semana, «seguramente», convocará un pleno extraordinario en el que se produzca la marcha temporal tanto de él mismo como de Gregorio Guerra. La presidenta del PP alhaurino y primera teniente de alcalde de la localidad, Antonia Ledesma, asumirá, a partir de entonces, la alcaldía en funciones de Alhaurín el Grande, si bien ella misma aseveró que «Juan será siempre el alcalde» del municipio ubicado en el Valle del Guadalhorce.

Nadie ocupará sus puestos, como explicó el regidor, por lo que el PP pasará a tener once concejales y mantendrá la mayoría absoluta que obtuvo en los últimos comicios municipales.

Sobre si volvería o no a ser alcalde tras la retirada temporal impuesta por el Tribunal Supremo, Serón aseguró que «no sé ni lo que haré la semana que viene». Tampoco aclaró si volverá a presentarse como candidato a munícipe a las próximas elecciones municipales de 2015.

Lo que sí adelantó es que «hoy mismo me daré de baja del PP para defenderme mejor de este caso y para no dañar al partido». En este sentido, Martín Serón anunció que interpondrá un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional al entender que ha existido durante el proceso indefensión y porque se ha vulnerado, en su opinión, su presunción de inocencia.

Precisamente, a la presunción de inocencia aludió el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, para justificar el apoyo incondicional que la formación siempre le ha brindado a Juan Martín Serón desde que en 2007 se iniciara este proceso judicial. Según el líder provincial, la intención de la formación que preside era defender ese concepto del derecho.

«Tenemos la obligación de defender la presunción de inocencia de cualquier español, no se puede prejuzgar y las decisiones hay que tomarlas en el momento adecuado, ni antes ni después. Siempre dijimos que las decisiones en el PP las tomaríamos cuando hubiera una sentencia judicial firme», apostilló.

Además, Bendodo confirmó que desde ayer Martín Serón «ya no es miembro del PP», puesto que la directiva provincial aceptó la baja del aún máximo responsable de la política municipal alhaurina. Al mismo tiempo, el responsable provincial del PP rehusó aclarar si volvería a ser aceptado como militante toda vez finalizara, dentro de un año, el proceso de suspensión por cargo público decretado por el Tribunal Supremo.

«Un año es mucho tiempo y tendrá que pensar y reflexionar sobre lo que quiere hacer. Lo que Martín Serón vaya a hacer a partir de ahora habrá que preguntarle a él, pero hay un año por delante y tiene muchas opciones, volver o no volver lo decidirá él», afirmó.

Sobre el tono crítico con la Justicia exhibido por el munícipe, Bendodo quiso dejar claro que «en el PP somos muy respetuosos con las decisiones en todos los casos» y añadió que «se están dando los pasos que hay que dar».

Por otro lado, el PP local anunció que desde la tarde del pasado martes, sus integrantes y simpatizantes han mostrado su intención de iniciar una campaña de recogida de dinero para sufragar la multa impuesta por el Alto Tribunal a Martín Serón y a Guerra (de 200.000 euros cada uno). De esta forma, la formación se ha mostrado dispuesta a apoyar esta iniciativa «ciudadana», como remarcó Serón, y que ya han denominado como «Víctimas del Caso Troya».

En este sentido, el todavía regidor alhaurino se mostró «muy agradecido» a estos vecinos y

deseó que «si no se consigue pagar todo, por lo menos, parte de la cuantía».

No es la primera vez que un grupo de vecinos de Alhaurín el Grande inicia una campaña de recolección de fondos similar. Ya en 2007, cuando Martín Serón fue detenido, éstos consiguieron acopiar los 100.000 euros que el juez de Instrucción impuso como fianza para que el alcalde pudiera eludir la prisión, como así lo hizo ese mismo año.