La Asociación Andaluza de Bebés Robados (Aberoa) no va a dejar de llamar a ninguna puerta en su lucha por saber qué ocurrió con decenas de casos de sustracción de recién nacidos en hospitales de la autonomía entre los años cuarenta y principios de los noventa. El abogado del colectivo, Salvador Rojas, informó ayer de que el Parlamento Europeo ha pedido información a la plataforma sobre sesenta casos no resueltos.

En concreto, se trata de casos acaecidos en centros hospitalarios de Jaén, Granada y Málaga, aunque también hay varios procesos en La Línea de la Concepción (Cádiz). En concreto, fue en julio cuando se envió la petición de ayuda con el objetivo de que la Cámara europea analice por qué se están archivando en los juzgados y en las fiscalías estos asuntos. «Queremos que el Parlamento Europeo haga una comisión y que inste a España a investigar estos casos. Es otro paso más para que se investigue, que se haga un seguimiento a nuestro país a este respecto», explica el letrado, también impulsor de la adhesión de la asociación a la querella que la juez argentina Servini de Cubria instruye contra los crímenes del franquismo.

La portavoz de Aberoa en Granada, Angustias Rodríguez, explicó ayer a Efe que el órgano europeo requirió la documentación necesaria para conocer la viabilidad de los asuntos, aunque no hay una decisión sobre la apertura formal de las investigaciones.

Eduardo Raya, presidente de la Asociación de Bebés Robados en Democracia (ADN-N), denunció el supuesto robo de su hija en un hospital granadino en 1990 y en mayo recibió una carta de la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, Erminia Mazzoni, en la que se le comunicaba la reapertura de su petición.

«Aquí se archiva todo y la única alternativa que nos queda para que nos escuchen está en el Parlamento Europeo o en la Justicia argentina», añade.

Este periódico publicó recientemente el testimonio remitido a la juez federal argentina, en el que se daban los nombres de cuatro matronas y seis médicos sospechosos de las sustracciones que ejercieron hace años en centros sanitarios de Málaga (el Civil entre ellos) y Granada, aunque algunos de ellos han fallecido y otros alegan demencias seniles para no ir a declarar. Ése es el objetivo de Aberoa, que al menos en Argentina sí comparezcan para saber lo ocurrido.

Rojas, letrado de Aberoa en Málaga, insiste en que se trató de una trama organizada, pese «a que aquí la Fiscalía General del Estado lo niega». De momento, Argentina no ha contestado. La percha jurídica para sumarse a esa querella fue que las primeras víctimas eran madres republicanas, y por tanto víctimas de Franco.