El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado definitivamente la petición de la Junta de Andalucía de anular el convenio urbanístico del plan de las tecnocasas y ha exigido a la Consejería de Fomento a que aporte las cantidades pendientes de abonar de las expropiaciones realizadas, unos 7,2 millones de euros, y que se siente a negociar una solución consensuada para este tema.
Esta decisión se adopta tras la recepción a mediados de septiembre de un escrito de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, en el que formula expreso requerimiento al Ayuntamiento para que acceda a resolver de mutuo acuerdo el convenio de colaboración, que fue suscrito entre las partes el día 3 de agosto de 2005.
La Gerencia de Urbanismo y la Empresa Pública del Suelo Andaluz (EPSA) firmaron en 2005 un convenio para la obtención de unos suelos en el extrarradio del Centro Histórico con destino a la promoción de unas 250 viviendas con unas dotaciones singulares para convertirlas en lugares de trabajo y convivencia familiar.
En estos ocho años el convenio ha tenido una gestión muy lenta por ambas partes, de tal manera que hasta la fecha apenas se han expropiado 72 unidades de un total de 140. La Junta ha pagado algo más de cinco millones en esas expropiaciones, quedando pendiente otros 7,2 millones.
Sin embargo, al llegar IU a la Consejería de Fomento y Vivienda requirió al Ayuntamiento para propiciar la anulación del convenio y abandonar el proyecto debido a las dificultades económicas para su desarrollo.
Ahora, el Ayuntamiento, en base al informe elaborado por la asesoría jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, considera que no procede aceptar la resolución pues «en todo momento el Consistorio ha cumplido con sus compromisos al respecto».
Por ello, acuerda desestimar la petición de resolución del convenio, a la vez que requiere a la Consejería de Fomento y Vivienda y a la EPSA «para que procedan a la inmediata ejecución del convenio», aportando las cantidades correspondientes a los suelos expropiados, que asciende a los citados 7,2 millones de euros.
La Gerencia de Urbanismo acordó en julio negarse a la resolución del convenio y la respuesta de EPSA fue la presentación de un recurso contencioso administrativo. Ahora ha sido la propia Consejería la que ha solicitado la anulación del acuerdo y el equipo de gobierno, en junta de gobierno, acordó ayer decirle que no.
