La negociación para el nuevo convenio colectivo de Limasa no avanza y el conflicto amenaza con enrarecerse para finales de año. La empresa ya ha avisado al comité de empresa de que el acuerdo tiene que estar cerrado y aplicarse a partir del 1 de enero de 2014. Además, con el condicionante de que se deben reducir, de forma obligada, los gastos de personal en seis millones de euros. Estas condiciones suponen que, si no se llega a una salida negociada antes de fin de año, se retomará el ERE para la reducción de la plantilla en una cuarta parte, como temen los trabajadores.

El bloqueo de la negociación entre los trabajadores y la empresa se mantiene sin apenas visos de encontrar una salida. La única opción ahora para alejar el conflicto es extender un año el actual laudo arbitral que rige las condiciones laborales en Limasa. Este acuerdo, que frenó la huelga en marzo, permitió un compás de espera en la negociación colectiva. La propuesta, oficializada por el comité de empresa ayer, buscaría ganar tiempo para buscar un acuerdo que, ahora, se antoja muy complicado y lejano.

A lo largo de la semana se conocerá la respuesta de la empresa, que no parece muy dispuesta a aceptar esta opción, ya que duda de que el laudo permita reducir el gasto de personal en 6 millones de euros. Sin embargo, una negativa dejaría escaso margen temporal para llegar a un acuerdo que evite la radicalización del conflicto y la concreción de un ERE.

El presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, subrayó que la negociación se encuentra paralizada por «la falta de interés de la empresa por negociar». «Nosotros estamos dispuestos a hablar de los descansos, de la organización de las vacaciones o de la paga de productividad, pero la empresa no quiere negociar», insiste Belmonte, que acusa a los responsables de Limasa de hacer caer todo el peso de los recortes sobre los trabajadores y no se plantea «de forma equilibrada».

El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, insistió en que la extensión de las condiciones del laudo a 2014 no parece una opción viable «cuando tras aplicarlo entre marzo y diciembre nos faltan todavía dos millones para ahorrar». Jiménez recordó que las exigencias de los trabajadores de aplicar subidas salariales en algunos conceptos -aumentar la paga de productividad en 400 euros y eliminar la congelación de la antigüedad- supondría incrementar los costes laborales en dos millones de euros.

«Mientras sigamos negociando, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo pactado, pero debe conseguirse un ahorro de seis millones de euros para 2014 y cerrarse antes de final de año para que se aplique a partir del 1 de enero», insistió el concejal de Medio Ambiente.