La Junta de Andalucía se comprometió ayer a incluir en su plan de reforma del colegio Los Prados el conjunto de las obras reclamadas por los padres de los alumnos, que en las últimas semanas se han movilizado para exigir una solución definitiva a los problemas estructurales del edificio; un inmueble alzado en suelo arcilloso y cuyos continuas deficiencias han obligado este curso a reubicar temporalmente en otros centros a sus 245 alumnos.

Según confirmó a este periódico Eva Rubio, portavoz del AMPA, la administración asumirá las reivindicaciones de los padres, que, como ya confirmó La Opinión la semana pasada, demandan que se actúe no sólo en los cimientos del edificio, sino también en aquellos otros puntos que garanticen de una vez por todas la vuelta a la estabilidad del inmueble. Es el caso de la cubierta, que de acuerdo con Rubio, presenta un aspecto ampliamente dañado y no sólo en algunas zonas como pensaba en un principo la Junta. «Se han dado cuenta de que estaba mucho peor de lo que creían», indica.

La representante del AMPA, que se reunió ayer con la dirección del centro y la delegada de Educación, Patricia Alba, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la administración, que no concluirá la obra hasta atender el resto de actuaciones propuestas por las familias de los alumnos. Entre ellas, las mejoras en accesibilidad, saneamiento y seguridad frente a posibles incendios.

De momento, los trabajos andan bastante avanzados. La Junta ya ha concluido las llamadas tareas de micropilotaje con el refuerzo de las junturas y fragmentos más dañados de la base del edificio. Ahora resta ocuparse de las reformas indicadas por el AMPA. El acuerdo rompe al fin la tensión entre los padres y la Junta de Andalucía. Incluso en lo que se refiere al plazo de reapertura. «Los alumnos se han adaptado bien a los centros de acogida. No queremos tanto que se abra pronto como que se solucionen los problemas», señala Rubio.

Las deficiencias de Los Prados han enfrentado también a la Junta y el Ayuntamiento a propósito de la responsabilidad en el mal estado del edificio; la Administración andaluza culpa al Consistorio por falta de atención al mantenimiento y éste al Gobierno autonómico por los fallos estructurales del inmueble.