La presidenta del PSOE de Málaga, María Gámez, la vicesecretaria general provincial, Pilar Serrano, y el secretario de Organización, Cristóbal Fernández, han participado en las concentraciones contra la reforma local desarrolladas en la capital, en Vélez-Málaga y en Antequera, respectivamente, en las que los socialistas han exigido al Gobierno central la retirada del proyecto de ley de reforma de la administración local que ha iniciado este jueves su trámite parlamentario en el Congreso.
Gámez, en declaraciones previas a la lectura en Málaga capital de un manifiesto contrario a esta reforma, ha argumentado el rechazo en que "abre la puerta a que las empresas privadas presten los servicios públicos, que por obligación deberán ser rentables exclusivamente desde un punto de vista económico, con lo cual se prestarán menos y peores servicios públicos".
"El proyecto de ley está en la recta final, pero tenemos que salir a las puertas de los ayuntamientos, la administración más cercana, para que ésta no nos eche a perder como ha sucedido con la educación o la sanidad", ha asegurado, añadiendo que "no permitamos que la democracia local, que los servicios públicos como el autobús, el agua o la recogida de basuras empeoren, porque tendremos peores servicios pagando más impuestos".
En el documento, los socialistas defienden a los ayuntamientos y las ELA de la provincia de Málaga "de un severo golpe a la estructura de proximidad de nuestro estado del Bienestar", apuntando que dicen "no a la reforma porque significa el desmantelamiento o privatización de servicios básicos que cubren derechos de la ciudadanía constitucionalmente protegidos".
En el caso de Málaga capital, han señalado, esta reforma "privatizará servicios públicos y excluirá a los ciudadanos con menos recursos con aumento de impuestos o nuevas tasas". "Decimos no porque su propuesta significa más paro, ya que al menos 8.000 empleados públicos en la provincia pueden perder su puesto de trabajo", han manifestado.
"Defendemos una reforma de la administración local para el progreso de nuestros ayuntamientos y sus municipios", han insistido, para lo que han pedido al Gobierno del Partido Popular "que retire el proyecto de ley y se siente a la mesa con los ayuntamientos, los agentes sociales y los expertos en administración pública". "Sólo así será posible alcanzar un gran pacto local", ha explicado Gámez.
De forma paralela, durante su intervención en Vélez-Málaga, la vicesecretaria general del PSOE malagueño, Pilar Serrano, ha calificado la reforma local de "una agresión en toda regla sobre todo para los pequeños y medianos municipios".
"Significa de facto su desaparición, nadie entiende que se penalice y criminalice a los municipios menores de 20.000 habitantes que sólo tienen 480 euros de deuda por habitante en comparación con las capitales de provincia andaluza, que tienen casi tres veces más. Ocho de cada diez municipios menores de 20.000 habitantes de Andalucía se quedarán sin competencias", ha advertido.
Por ello, Serrano ha abogado por una reforma que "garantice la financiación a los ayuntamientos y no les quite competencias, sino que los potencie como administración más cercana".
Por su parte, Cristóbal Fernández ha querido dejar de manifiesto durante su intervención en Antequera que los socialistas se oponen a esta reforma "porque va en contra de los intereses ciudadanos: supone la privatización o el desmantelamiento de servicios básicos y más paro".
Además, ha recordado que durante este pasado miércoles, los alcaldes y concejales socialistas malagueños remitieron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo que se consensúe un gran pacto local con ayuntamientos, comunidades autónomas, agentes sociales y expertos en administración pública en vez de seguir adelante con el proyecto de reforma local actual.
"El Gobierno quiere imponer una reforma sin acuerdo, sin consultar a los ayuntamientos ni a los sindicatos ni a los partidos políticos. Si algún consenso ha conseguido este Gobierno es precisamente en contra de esta reforma: todo el mundo se opone a ella, incluso los alcaldes del PP", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que "una reforma que pretende el desmantelamiento de los servicios públicos, la privatización de los mismos y el despido masivo de empleados públicos es indefendible".
