Un informe de la policía sobre Operadores Aéreos Andalus, una de las compañías investigadas por las inversiones de la empresa pública Invercaria, dice que tuvo una gestión «negligente e indolente» y ha imputado por ello a José María Martín Delgado, empresario y exconsejero de Cultura andaluz.

Un atestado del Grupo de Blanqueo de la Policía, al que tuvo acceso Efe, afirma que los dos principales promotores del proyecto -los hermanos Fernando y Pedro Guerrero Ros- no han podido ser localizados para prestar declaración y los investigadores sospechan que uno vive en las antípodas y otro en el Caribe.

Los principales promotores «literalmente han desaparecido», en una actitud muy alejada de la buena fe que debe regir los negocios y la figura del «buen empresario» que da explicaciones de su proyecto, según la policía.

La gestión de Andalus «ha sido reconocida como negligente por las personas que participaron directamente» en ella, dice la policía, pues «la contratación de personal obedeció a cualquier criterio excepto el de la eficiencia» y se contrató a personas residentes en otras comunidades autónomas o «manifiestamente incapaces para los puestos», según el atestado.

La policía imputó por el caso al socialista malagueño Martín Delgado, empresario y exconsejero de Cultura entre 1994 y 1996, a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz y al promotor, Antonio Valdés.

Andalus es una de la veintena de empresas investigadas por las inversiones de la empresa pública andaluza Invercaria y ahora la policía dice que «destaca la facilidad de financiación» que le daba Invercaria e incluso la agencia andaluza IDEA.

Según el atestado, Andalus, que se constituyó en noviembre de 2007, partía de la idea de dotar a Andalucía de una línea aérea de ámbito internacional. Se trataba de «un proyecto ambicioso que preveía unas inversiones de 12 millones de euros a corto plazo» pero solo se alcanzaron 4 millones y el 47% (1,9 millones) fueron de dinero público a través de Invercaria y la agencia andaluza IDEA y otro 40% de CajaGranada. Esa participación pública «en una sociedad que desde el primer momento presentaba fuertes pérdidas» y con la única intención de «satisfacer posiciones estratégicas y políticas» causó «un perjuicio grave para las arcas públicas», afirma la policía. Andalus era «una verdadera imprudencia comercial» pues carecía de la financiación a corto plazo necesaria para acometer un negocio de esa magnitud», dice la policía.