El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de costas por Andalucía, Canarias y Asturias, y por el PSOE, que adujeron invasión de competencias autonómicas y la «privatización» de la costa. Así también admite a trámite el recurso de cincuenta diputados socialistas contra uno de los anexos del texto que, precisamente, garantiza la protección de las casas de El Palo y Pedregalejo, entre otras del territorio nacional.
El Alto Tribunal no se pronuncia sobre los recursos del País Vasco y Cataluña, que también recurrieron la norma estatal por entender que la nueva ley de costas vulnera sus competencias.
Las cinco autonomías, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, también se opusieron a la ley de costas -aprobada en mayo pasado con los únicos votos a favor del Partido Popular- al considerar que antepone los intereses privados a los públicos.
El PSOE también basó la argumentación jurídica de su recurso en que la nueva legislación privatiza y rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral. El mismo día en que presentó su recurso, el PSOE anunció la preparación de una nueva ley de Costas cuando vuelva a gobernar. Según el Partido Socialista, el Gobierno de Mariano Rajoy optó «por la ocupación sin límite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadanía».
Según publicó ayer el BOE, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estas providencias el pasado día 8. Por otro lado, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, lamentó ayer que la Junta de Andalucía «ponga trabas» a la Ley de Costas, «muy beneficiosa para el litoral andaluz, ya que hace compatible su conservación medioambiental y permite el ejercicio de una actividad económica sostenible».
