Tribunales

García Marcos será juzgada por un jurado el próximo 17 de febrero

La Fiscalía pide tres años de prisión para ella por cohecho pasivo y asesoramiento indebido

23.10.2013 | 02:43
Isabel García Marcos, acusada de cohecho.
Isabel García Marcos, acusada de cohecho.

Un jurado popular juzgará el próximo 17 de enero a la ex primera teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos por una pieza separada del caso Malaya. En esta ocasión, la exedil se sienta en el banquillo de los acusados junto a su marido, al también exconcejal José Jaén, la exmujer de éste y tres empresarios más, toda vez que un cuarto ha llegado a un acuerdo con el fiscal. Marcos y el exedil están acusados de crear una sociedad para asesorar a empresarios que estuviesen interesados en desarrollar diversos negocios en Marbella. Uno de ellos, por ejemplo, quería levantar centros de día y geriátricos en tres parcelas que no eran urbanísticamente idóneas para ello.

En total, el fiscal pide tres años de cárcel y sendas multas de 120.000 euros, amén de otras dos sanciones de 13.500 euros y ocho años de inhabilitación y dos de suspensión para los principales encausados.

En concreto, se les acusa de un delito de cohecho pasivo y de otro de asesoramiento indebido. El marido de García Marcos, Florencio B., se enfrenta, como la exmujer de Jaén, a una multa de 9.000 euros por asesoramiento indebido. Al empresario que quería desarrollar proyectos sanitarios en Marbella se le solicitan tres años de cárcel y 120.000 euros de multa, a otro de los industriales se le piden dos años y una sanción económica idéntica, y los dos últimos encausados se enfrentaban a dos años y 97.000 euros de sanción por cohecho, y a seis meses de cárcel, respectivamente. Uno de ellos ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, García Marcos y Jaén fueron tenientes de alcalde de 2003 a 2006 en Marbella. «Se concertaron con la idea de conseguir, prevaliéndose de la condición de autoridad municipal que ambos detentaban, unos rendimientos económicos de terceros», precisa.

Su idea era ofrecerse a empresarios que se relacionasen con el Ayuntamiento para asesorarles o mediar en sus proyectos, «gestionando sus necesidades de cara a la consecución de sus pretensiones ante la corporación, a cambio de la pertinente retribución económica». Dice la Fiscalía que garantizaban a sus clientes «el éxito del proyecto encomendado, dada su privilegiada posición en el ente municipal».

Servicios Redactaban escritos para el Ayuntamiento, recababan información sobre la clasificación urbanística de los terrenos y gestionaban los cambios, rescataban concesiones administrativas e incluso participaban en la venta de parcelas, algo incompatible con su cargo. Para ello crearon la sociedad Icaria, de la que sus cónyuges eran socios, y conocían, añade el fiscal, el fin de la misma.

Ángel R. A., representante de Orpea, acudió a García Marcos para construir residencias geriátricas en Marbella y centros de día para mayores. Usó a un intermediario, también acusado en el proceso.

Así, Ángel R. A. quería construir en una parcela de Elviria un geriátrico, pero ésta necesitaba un cambio de uso, pues era residencial y debía pasar a socio-sanitario. Además, buscaba más edificabilidad para construir hasta 258 habitaciones. También lo asesoraron sobre la construcción de un centro de día, proyecto bloqueado, por cierto, y otro geriátrico en San Pedro.

Las parcelas también necesitaban una modificación y se interesó la participación de Marcos y Jaén «a cambio de una contraprestación». Se estableció una provisión de fondos de 60.000 euros o 12.000 por proyecto presentado. Los dos ediles participaron, aclara el fiscal, en la concesión de la licencia, en concreto el 15 de septiembre de 2003.

También asesoraron al propietario de una empresa encargada de instalar paneles informativos en las paradas de autobuses de Marbella, aunque en virtud de un contrato con Portillo y sin autorización del Ayuntamiento, aclara la acusación pública. Icaria debía cobrar 16.000 euros por cada anualidad de vigencia.

El empresario pidió, en noviembre de 2005, poder instalar planímetros en Marbella y publicidad, y el entonces edil de Tráfico, Victoriano Rodríguez, le pidió 30.000 euros por ello, y luego le dijo que tendría que abonar el doble, a lo que se negó, siempre según el fiscal.

Otro de los acusados le hizo, dice el acusador, cuatro pagos al fallecido Victoriano Rodríguez para instalar paneles publicitarios en la calle.

La gala

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