El reglamento de la Ley Antiblanqueo, la obligación de declarar los bienes que se tienen fuera de España para extranjeros residentes y otras normas son la de arena. Pero en la Ley Antifraude se da la de cal, lo que también tiene sus claroscuros. El Gobierno español agilizará la concesión del permiso de residencia a los extranjeros que se compren una casa con un valor superior al medio millón de euros, frente a los 160.000 de los que se habló en un primer momento. El objetivo es reactivar el mercado inmobiliario de lujo, es decir, que al menos una parte del motor gripado vuelva a moverse.

Esto, en opinión de Ricardo Sánchez Bocanegra, presidente de la Asociación de Extranjeros de la Costa del Sol, es una buena iniciativa, pero tiene su reverso, su cara B. «Se está haciendo un agravio comparativo con otros extranjeros, por ejemplo con los que se compran una casa de 400.000 euros, sólo pueden estar aquí, entonces, seis meses al año. Es un agravio comparativo, apelo al Gobierno para que modifique la Ley de Extranjería», aclara.

El sector inmobiliario ha aplaudido la medida, pero la sigue viendo insuficiente. Esto, claro está, también afecta a los nacionales, que tuvieron hasta el pasado 1 de abril para declarar lo relativo al ejercicio 2012, y falta por saber lo que ocurrirá con los próximos ejercicios fiscales. Las sanciones son fuertes, de hasta el 150% del valor del bien no declarado.

Hacienda quiere saber todo lo que poseen quienes aquí residen como una forma clara de atajar los movimientos procedentes de paraísos fiscales, aunque, según otros expertos consultados, ello supone criminalizar prácticamente a todo el que llega.

También se agilizará y facilitará la concesión del permiso de residencia a quienes compren deuda pública española por dos millones de euros o más, para quienes tengan depósitos bancarios de un millón de euros o más y para los extranjeros que inviertan en proyectos empresariales que creen puestos de trabajo o tengan un impacto relevante desde el punto de vista socioeconómico o de la innovación científica o tecnológica.

En definitiva, es un intento gubernamental por animar la depauperada economía española, sobre todo en las distintas costas del país, con un componente eminentemente turístico sazonado con el ladrillo. En Marbella, por ejemplo, ya se ha notado un aumento de las plusvalías y la promoción inmobiliaria de lujo empieza a tirar lentamente del carro, pero el camino es largo.