En lo que va de año el Ayuntamiento de Málaga ha ido acumulano sentencias judiciales que le obligan al pago de expropiaciones que suman más de 20 millones de euros. Se trata de expropiaciones mal valoradas en su inicio, muy a la baja, y que posteriormente un fallo judicial eleva considerablemente suponiendo unos sobrecostes muy elevados para la economía municipal.
El Ayuntamiento ha tenido que sacar del presupuesto más de 7,5 millones de euros para hacer frente al pago de algunas de estas expropiaciones. Se trata de un dinero que en principio estaba contemplado para financiar otros gastos, pero que finalmente el Ayuntamiento ha debido renunciar para destinar esas partidas a la Gerencia de Urbanismo y que ésta a su vez abone los pagos de diversas expropiaciones.
En la mayoría de los sobrecostes que suponen muchas expropiaciones tienen que ver los intereses de demora por el tiempo transcurrido desde que se inició la expropiación.
Suelo rústico o urbanizable
Hay expropiaciones que se demoran años y años en llegar a su fallo final. Un ejemplo es el de uno solar junto al túnel de Cerrado de Calderón, cuya expropiación se inició en 1988 para la construcción de la Ronda Este. El Ayuntamiento lo tasó entonces en 68.000 euros. 25 años después, tras años de litigio, el Tribunal Supremo ha fallado definitivamente elevando esa cantidad a 1,7 millones. A ello hay que añadir los intereses generados desde 1988. Total 4,2 millones de euros de factura.
¿Por qué se dan estas diferencias tan grandes entre el precio inicial y el que fijan finalmente los tribunales? Generalmente el fondo de la cuestión es una interpretación diferente sobre la naturaleza de los terrenos. Normalmente el Ayuntamiento fija el terreno como rústico y le da un valor bajo; finalmente el tribunal entiende que el terreno no se puede considerar rústico, sino urbanizable ya que va destinado a crear ciudad (caso de una autovía) por lo que le da un valor muchísimo más alto.
Un caso diferente es el de la casa de Gerald Brenan, cuyo valor expropiatorio fue triplicado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha pasado de los 283.667 euros tasados inicialmente a 610.156 euros, de los que 88.710 euros son intereses de demora.
En lo que va de año el Ayuntamiento se ha visto obligado a aprobar dos operaciones de cambio de presupuesto para pagar primero 1.815.365 euros y posteriormente, hace una semana, otros 5,7 millones destinados al pago de expropiaciones pendientes. En estos casos, el fondo de la cuestión es el mismo. Los jueces entienden que los terrenos expropiados no son rústicos como planteaba el Ayuntamiento, sino urbanizables, al aplicarles la doctrina establecida sobre sistemas generales que crean ciudad; es decir, que la autovía forma parte del entramado urbano.
