Tras el fallido Museo de las Gemas

Un auto judicial impide al Ayuntamiento tomar ninguna decisión en Tabacalera

Los tribunales suspenden cautelarmente la intención del Consistorio de anular el contrato con Royal Collections

28.10.2013 | 08:35
Los edificios históricos de Tabacaleras, prácticamente rehabilitados y a la espera de una decisión sobre su ocupación .
Los edificios históricos de Tabacaleras, prácticamente rehabilitados y a la espera de una decisión sobre su ocupación .

La ocupación de los edificios de Tabacalera destinados en principio al Museo de las Gemas sigue sin decidirse. No porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga se esté tomando su tiempo en elegir el proyecto más conveniente, sino por una actuación judicial que ha dejado en suspenso cualquier decisión por parte del Consistorio.

Un auto firmado por el titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, dictado el 20 de febrero pasado y comunicado a las partes el 6 de marzo, impide al Ayuntamiento tomar una determinación sobre el uso del inmueble, ya que los tribunales decidieron dejar en suspenso cautelarmente el acuerdo del Ayuntamiento de anular el contrato con Royal Collections para abrir el Museo de las Gemas, si bien condicionado al pago de un aval de 6.379.042 euros por parte de la entidad

Con fecha 20 de abril del año pasado, el equipo de gobierno por acuerdo de la junta de gobierno local aprobó resolver el contrato con la Royal Collections por incumplimiento del mismo.

La entidad interpuso entonces un recurso contencioso administrativo requiriendo que se declarase nulo el acuerdo de la junta de gobierno que resolvía el contrato. En el recurso Royal Collections pedía además que, como medida cautelar, se suspendiese dicho acuerdo municipal mientras se tomada una decisión judicial.

Aval bancario Una vez escuchadas las partes, el titular del juzgado dictó el 2o de febrero un auto en el que acordaba estimar la petición de Royal Collections de dejar en suspenso la anulación del contrato. Para dar fuerza a dicha medida cautelar, el juzgado reclamaba a la entidad la constitución de un aval bancario que garantizase la suma de 5.675.935 euros, más 704.007 de intereses. El juzgado daba un plazo de 30 días para la presentación del aval a contar desde el 6 de marzo en el que fue notificado. El plazo se cumplió sin que Royal Collections lo presentara.

Por ello, con fecha 26 de abril el Ayuntamiento dirigió un escrito al juzgado pidiendo el levantamiento de la medida cautelar al no haberse cumplido con la garantía del aval.

Sin embargo el juzgado aún no ha acordado ninguna. Más aún, una diligencia fechada el 2 de mayo por el secretario del juzgado anunciaba que el escrito del Consistorio quedaba sobre la mesa del titular del juzgado para que éste decidiese en auto, sin que hasta la fecha se haya pronunciado.

Quiere ello decir que, de momento, se mantiene la decisión judicial de suspender cautelarmente la anulación del contrato que ligaba al Ayuntamiento y a Royal Collections. Por tanto el Ayuntamiento no puede tomar ninguna decisión sobre qué proyecto ocupará Tabacalera pues no puede contratar con ninguna empresa o entidad mientras el juzgado no resuelva definitivamente sobre el contrato con Royal Collections.

Silencio municipal Esta es la razón por la que el equipo de gobierno mantiene desocupada Tabacalera a pesar de tener diversos proyectos que estarían dispuestos a ubicarse allí.

El Ayuntamiento ha guardado silencio durante meses sobre esta decisión judicial y no la ha dado a conocer. El acceso a ella sólo ha sido posible gracias a una pregunta realizada por el grupo municipal de IU y a la contestación recibida desde la asesoría jurídica.

Por su parte, la Royal Collections no ha querido desvelar su estrategia jurídica que le ha llevado a no presentar el aval por 6,3 millones de euros. Requeridos por este periódico se han limitado a señalar que en octubre del pasado año presentaron una querella en la sala segunda del Tribunal Supremo por la condición de senador del alcalde de Málaga, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y estafa procesal.

La gala

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