La Junta de Andalucía reclamará a la empresa fabricante de placas solares Isofotón, que está en concurso de acreedores y ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a toda la plantilla, que devuelva las ayudas que no cumplan los requisitos de las órdenes por las que fueron concedidas.

El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, José Sánchez Maldonado, manifestó ayer que la Junta «ha hecho mucho por esta empresa», ya que hasta la fecha ha invertido unos 60 millones de euros en Isofotón, y, en caso de incumplimiento, reclamará «todo aquello pertinente de ser devuelto».

Aunque la vía penal se ha declarado no válida por ahora -la Fiscalía archivó la denuncia presentada por una presunta estafa en relación con un préstamo de 8,2 millones de euros, concedida en agosto de 2012-, la Junta de Andalucía acudirá a las vías que marque la Ley de Control de Gasto Público y de Hacienda Pública de Andalucía, explicó el consejero, que acudió a Málaga para firmar un convenio con el Ayuntamiento y con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) para fomentar la localización empresarial en la tecnópolis. La Junta está personada en el concurso de acreedores de esta empresa, que aplicó un ERE el pasado mes de junio por el que despidió a 354 trabajadores y que ahora ha anunciado otro para los 299 empleados que les restan en plantilla.

A este respecto, el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, afirmó que la ley que regula las subvenciones tiene unos requisitos y, «si se ha incumplido alguno de ellos, no les queda más remedio que reclamarlos».

En opinión de Romera, hay que «intentar salvar Isofotón como se pueda», aunque añadió que «la realidad es muy tozuda y hay que ver hasta dónde se puede llegar». Según el director general del parque, en el PTA siempre hay empresas que crecen y otras que van mal, y «cuando es una grande, nos duele mucho más». Romera recordó que Isofotón fue en su día «líder» de la tecnópolis.

La empresa ha anunciado que presentará próximamente un nuevo ERE que afectará en principio a los 299 trabajadores que quedan en la fábrica y anunció reducciones salariales para los que finalmente se queden (y que podrían ser superiores al 30%, según han comentado fuentes sindicales). La empresa, además, debe aún a su plantilla la paga extra y la de septiembre.