La negociación para evitar la huelga de limpieza se encamina hacia el fracaso. Un cambio de criterio de la empresa ha endurecido la propuesta de recortes que presentaron el martes a los trabajadores, lo que deja a la plantilla al borde de la huelga. Si Limasa planteó el martes reducir la paga de productividad a los trabajadores y congelar los sueldos hasta 2016, ayer se descolgó con la petición de eliminar la paga completamente, mantener la congelación y eliminar algunas ayudas sociales del convenio, además de cambiar los descansos y vacaciones.
Esto ha provocado el enfado de los trabajadores, que si vieron la propuesta del martes con desconfianza pero abiertos a estudiarla, han recibido el cambio de criterio de la empresa como un insulto. «Si la propuesta de ayer (por el martes) era mala, esta es tres veces peor», insistió el presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, quien reiteró su intención de llegar a un acuerdo y aceptar recortes «pero que no se recaigan sólo sobre los trabajadores».
La empresa mixta de limpieza considera ahora clave para lograr el ahorro de casi 7 millones de euros eliminar la paga de productividad a los 1.300 trabajadores de Limasa y que se abona en enero. De hecho, vincula este acuerdo a la suspensión del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que aplicará a partir del 1 de enero y que vendrá precedido por una huelga de los trabajadores el 20 de diciembre.
Lo que llama la atención es el cambio de criterio de la empresa, cuando en la reunión del martes en el Sercla (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) su postura no eran tan dura. Eso hizo pensar que se podía alcanzar un acuerdo para evitar la huelga, algo que se ha esfumado de un plumazo.
El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, asegura que aceptar la eliminación de la paga de productividad supondría que la plantilla pierda unos «2 euros netos al día, para unos sueldos que de media rondan los 30.000 euros brutos anuales», aunque los ingresos netos serían mucho menores tras descontar el IRPF y la Seguridad Social. De hecho, esta propuesta supone reducir del sueldo 730 euros por trabajador de media, a lo que habría que sumar otros recortes propuestos como la congelación salarial hasta 2017, la reducción de pluses, eliminación de ayudas sociales y recorte de la plantilla de eventuales.
El concejal de Medio Ambiente defendió la propuesta de la empresa que, además de quitar la paga de productividad, plantea otros recortes que son «bastante sensatos». Así, pasa por distribuir las vacaciones de forma que se tomen 15 días en los seis meses de invierno y otros tantos en los de verano; trabajar de lunes a sábado o de lunes a viernes, pero siempre trabajando un sábado de cada cuatro, siendo la jornada laboral de algo menos de 37 horas, y congelando la antigüedad hasta el 31 de diciembre de 2016, justo unos pocos meses antes del fin de la contrata de limpieza.
A cambio de ello, la empresa no bajaría el plus complementario, que, inicialmente, propuso reducir en 40 euros netos mensuales a los operarios; 80, a los mandos intermedios y 160 euros, a los altos cargos, según declaró Jiménez.
El edil explicó que la paga de productividad «surgió como un complemento para evitar el absentismo laboral, pero se consolidó en 2011». El objetivo, por tanto, es quitar una paga que «ya ha dejado de tener sentido».
Además, Raúl Jiménez defendió que «la mejor solución» para evitar «una huelga salvaje» es la renovación del convenio colectivo, que la empresa quiere extender hasta el fin de la contrata, dentro de tres años, a lo que se oponen los trabajadores.
El presidente del comité de empresa dejó claro que la huelga indefinida sigue adelante tras comprobar los cambios de actitud de Limasa y reclamó que las alternativas que se adopten para reducir el presupuesto sean valoradas «en su justa medida y no a la baja».
Belmonte rechazó que se entre en cuestiones con un peso «irrelevante» en el presupuesto -como la cesta de Navidad o la ayuda por matrimonio- y demandó a la dirección y al Ayuntamiento que se adopten medidas que «supongan un ajuste real», planteando la eliminación de cuatro cargos de confianza que cobran 250.000 euros.
El bloqueo de la negociación ahora es tal que ya se está pensando más en definir los servicios mínimos para la huelga, que se decidirán el próximo martes, antes que plantear una alternativa viable para ambas partes.
Además, los trabajadores recibieron la autorización para manifestarse el próximo 15 de diciembre por el Centro, entre las 11.00 y las 14.30 horas.
