En plena tormenta desatada por la nueva Ley de Seguridad Privada, levantada principalmente ante la posibilidad de que los vigilantes privados con autorización puedan identificar y detener en la vía pública, el sector de la provincia de Málaga ha recibido la noticia con los brazos abiertos por varios motivos. Así lo expresó ayer a este periódico el presidente de la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad (AMES), Federico Sánchez, cuyos argumentos se alinean con los aportados por la patronal, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), donde hablan de un «respeto escrupuloso de los derechos y libertades de los ciudadanos» y de «actualizaciones lógicas que en algunos casos ya eran prácticas habituales».

Sánchez, que calcula que la nueva ley podría suponer un incremento en el sector de entre un 5 y un 10% de empleos en una provincia que actualmente suma 6.000 vigilantes en activo, defiende que el proyecto de ley aprobado sólo viene «a complementar la demanda de los propios ciudadanos» y «a modernizar una normativa obsoleta en algunos aspectos».

El presidente de AMES también quita hierro a uno de los puntos más polémicos, el de las detenciones en la vía pública, «porque no es así» y especifica que el matiz es que ahora actuar en una vía pública dentro de un recinto privado no es un condicionante. «La normativa permitiría, siempre bajo previa autorización, prestar servicio en zonas privadas de uso público en las que hasta ahora los vigilantes no podían», explica Sánchez antes de poner como ejemplo los aparcamientos de un centro comercial o el vial de una urbanización privada.

En la misma línea se expresaron ayer los responsables de Aproser, quienes consideran que estas funciones que se atribuyen a los vigilantes de seguridad «no hacen sino reproducir las atribuciones de los profesionales del sector recogidas en la normativa vigente, sin que ello signifique en modo alguno una posible afectación a los derechos y libertades de los ciudadanos». «En ningún caso esta nueva ley permite la detención arbitraria de ciudadanos por parte de los vigilantes de seguridad», añadieron. En su opinión, el proyecto de ley contiene «actualizaciones lógicas del ámbito de la seguridad privada, que en algunos casos ya eran prácticas habituales, que ahondan en lo que en los últimos años ha significado la paulatina participación de la seguridad privada» en determinados servicios, como el acceso a instalaciones militares, la protección personal de miembros de fuerzas políticas o la prestación de servicios contra la piratería marítima.

Muy diferentes fueron las reacciones de los principales sindicatos policiales a excepción de la Confederación Española de Policía (CEP), donde ven «acertada» la reforma en algunos aspectos aunque recelen de otros, fundamentalmente el trasfondo económico. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, calificó la ley como «una auténtica barbaridad», ya que permitir a los vigilantes privados «patrullar» y asumir otras competencias propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supone un cambio que solo beneficia a las empresas de seguridad privada. «En vez de invertir y convocar nuevas plazas, sacan esta ley que, aparte de potenciar a las empresas privadas, supone ahorro al Ministerio», subrayó. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) está «rotundamente en contra» del proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado el martes por el Congreso porque considera que supone «una privatización encubierta» de la seguridad pública y habilita a «policías baratos» y menos formados.