Los socios de Limasa acordaron finalmente la renuncia a cobrar los beneficios generados en 2012. Lo hicieron en una junta general de accionistas celebrada el 24 de junio de este año, 12 días después de que el informe de la auditoría sobre las cuentas de la empresa señalara que no había «evidencia necesaria y suficiente» de que el acuerdo de renuncia se había tomado.
El Ayuntamiento publicó ayer el acta de la reunión de la junta general de accionistas donde se acordó la renuncia. La decisión se tomo en junta general, ya que éste es el único órgano capacitado para acordar una medida semejante.
El concejal de Medio Ambiente y responsable de Limasa, Raúl Jiménez, explicó que «efectivamente los auditores hacían la advertencia en su informe pues todavía no se había tomado el acuerdo en junta general, finalmente éste se hizo pues si no hubiese sido así se estarían falseando las cuentas y eso es ilegal».
Tanto PSOE como IU consideraron «muy grave» las dudas que genera el informe de la auditoría de Limasa y exigieron ayer al alcalde que «acredite documentalmente» que la renuncia a los beneficios se ha hecho efectiva.
La socialista María Gámez indicó que las dudas generadas por el informe de auditoría se suman a «otras muchas sobre el recto proceder de Limasa». En este sentido, recordó el desconocimiento que existe sobre los más de 2 millones de euros que reciben los socios privados por la llamada asistencia técnica, «que no sabemos qué aspectos cubre ni qué servicios ofrece».
Igual ocurre, a su entender, con el tema de la compensación económica y con los contratos con expresas externas, «todo ello debe aclararse pues de lo contrario el alcalde carece de legitimidad para reclamar sacrificios a los trabajadores». Por ello, el grupo socialista reclamará «toda la documentación necesaria para esclarecer las dudas generadas por la auditoría y las sombras que se alargan sobre otros puntos como la asistencia técnica, las certificaciones poco claras o las contratas externas».
El portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, no descarta pedir responsabilidades políticas a miembros del equipo de gobierno y la dimisión del gerente de Limasa, «tanto por ocultar información y documentación como porque evidentemente han faltado a la verdad». A la vez, censuró la «enorme opacidad y falta de transparencia» en Limasa que, a su juicio, queda de manifiesto en el informe de la auditoría externa sobre las cuentas de 2012 que señala que «no ha sido posible obtener la evidencia necesaria y suficiente para comprobar que se ha cumplido el acuerdo de los socios de Limasa de renunciar a los beneficios generados».
El portavoz de la coalición Izquierda Unida también demanda saber cuál es la ganancia real que obtiene la parte privada de los 2,2 millones de euros que recibe del Ayuntamiento de Málaga por la asistencia técnica, así como cuáles son las retribuciones de los altos cargos que integran el comité de alta dirección de la empresa.
