A la espera de conocer la causa última de la muerte por intoxicación alimentaria de tres miembros de una misma familia en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra el pasado fin de semana, la sola posibilidad de que detrás de la misma pudiera estar la desesperación que lleva a una persona a comer alimentos en mal estado o caducados ha puesto sobre la mesa una realidad social que habla de hambre y de riesgo de exclusión social.

La familia de los fallecidos (un matrimonio y su hija de 14 años) emitieron ayer un comunicado en el que quisieron dejar claro que «no eran indigentes», si bien, el triste suceso ya había desatado una cascada de reacciones sobre la precariedad extrema que están viviendo muchas familias andaluzas y que, en no pocas ocasiones, les está llevando a rebuscar alimentos entre los contenedores próximos a los mercados de abasto y grandes superficies, pero también sobre el reparto de alimentos por parte de entidades y colectivos sociales y vecinales, a través del Banco de Alimentos y Cruz Roja, que sólo en la provincia de Málaga dan comida a más de 100.000 personas.

Desde Cáritas Diocesana de Málaga, su director, Francisco Sánchez, asegura que «objetivamente» todos vemos que la estampa de gente buscando alimentos en la basura se repite a diario, como también es «constatable» que muchos de los alimentos que terminan en los contenedores están caducados o próximo a cumplirse la fecha apta para su consumo, más allá del riesgo del deterioro de los envases que preservan dichos alimentos.

A la espera de conocer los resultados de Toxicología, las primeras investigaciones del suceso de Sevilla apuntan a una toxiinfección alimentaria, ya que otra hija del matrimonio, de 13 años, que permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, fue el único miembro que el pasado viernes no cenó lo mismo que el resto de su familia. Al parecer sus padres y hermana cenaron pescado, de momento, único nexo de unión entre los tres fallecidos.

Sobre la delicada situación económica de sus progenitores se ha hablado mucho estos días, extremo que ayer lamentó un sobrino del matrimonio, quien insistió en que «no es cierto que estuvieran en la indigencia ni alimentándose en ningún momento de comida recogida de los contenedores de basura», por lo que pidió «respeto en estos momentos de dolor».

Pero el debate está en la calle y aunque nadie se atreve a poner cifra a la desesperación que mueve a una persona a rebuscar entre la basura, desde Cáritas se insiste en que corresponde a las administraciones públicas arbitrar los mecanismos necesarios para que «situaciones penosas como ésta no se produzcan», porque, en estos momentos, es la caridad de la sociedad la que está haciendo frente a esta situación.

En esta misma línea se están pronunciando estos días las entidades y ONG que se encargan de hacer llegar alimentos a las familias más necesitadas, caso de Bancosol y Cruz Roja, a través de sus entidades adscritas (más de 360 en la provincia), porque es de justicia social estar con los que más lo necesitan. Defienden que ni reciben ni reparten comida fuera de los límites de su fecha de caducidad, al tiempo que aluden a una necesidad creciente que requiere que administraciones y entidades implicadas se sienten y diseñen un mapa real sobre el hambre en la provincia.