Han sido alrededor de 20.000 cartas, remitidas durante los últimos meses a domicilios de Asturias, Galicia y Andalucía. Y casi siempre con la misma respuesta: estupefacción seguida de ira. Los emigrantes retornados a la provincia, la mayoría con más de sesenta años, han emprendido una campaña para evitar que Hacienda les dé un bocado con el que no contaban en sus bolsillos. Según Pilar Cabello, portavoz del colectivo en Málaga, la administración, que jamás les había informado al respecto, ha decidido de repente pedirles cuentas por la pensión que cobran desde sus países de acogida; y, además, con carácter retroactivo y sanciones que en algunos casos superan los 500 euros por ejercicio.

Los emigrantes, que suman miles de personas en Málaga, punto de retorno de más del 40 por ciento de las familias que regresan a Andalucía, aseguran que jamás habían incluido la prestación en la declaración del IRPF. Y por una razón muy sencilla: no sabían que tenían que hacerlo. «Tanto a título particular como a los que asesoramos nos decían que no era necesario. Nunca tuvimos ánimo de rehuir ninguna responsabilidad», indica.

La exigencia súbita del impuesto, al igual que las multas, provoca un quebranto relevante en la economía de estas familias, que ya tributan por sus pensiones en el extranjero. Sólo los procedentes de Alemania, que se benefician de un acuerdo bilateral especial, están eximidos de esta nueva obligación. «Como es lógico estamos dispuestos a pagar, pero reivindicamos que se nos quiten las sanciones; no deberíamos ser castigados por un trámite del que no sabíamos nada y que jamás nos han pedido», declara.

La semana pasada el grupo municipal del PSOE anunció su intención de presentar una moción para que el Ayuntamiento asuma las protestas de los emigrantes y las traslade al Gobierno. La portavoz de los socialistas, María Gámez, que se ha reunido recientemente con Asomer, la asociación que agrupa al colectivo, entiende que habría que evitar penalizar a los contribuyentes. Especialmente, porque se trata de personas cuya intención nunca ha estado en defraudar al sistema. Además, exige que se cierren de oficio los procedimientos abiertos en Andalucía.

Los afectados se concentrarán mañana al mediodía frente a la delegación central de Hacienda en una acción que tendrá su correlato en otros muchos puntos de España. El objetivo es dar visibilidad a su problema y pedir la retirada de las multas, que conciernen a todas las campañas tributarias puestas en marcha desde 2008. Una suma que amenaza la salud financiera de estas personas, la mayoría cercanas ya a la jubilación. Emigrantes que salieron de la provincia en las décadas centrales del pasado siglo y que en muchos casos cuentan con el subsidio de su etapa en el extranjero como principal fuente de ingresos. «Si no se ha pagado está claro que no es culpa de los trabajadores», insisten.