Los colegios concertados andaluces vuelven a sentirse amenazados por la Junta de Andalucía, que reconoce que en la planificación para el próximo curso mirará con lupa la demanda en estos centros en un nuevo intento por suprimir unidades. La convivencia de la enseñanza pública y la concertada es posible en muchas comunidades de España, donde comparten hasta el 50% del alumnado escolarizado. Sin embargo, en Andalucía, el Gobierno autonómico apuesta de forma decidida por los colegios públicos hasta el punto de que las distintas patronales de la concertada acusan a la Junta de maltratarlas y discriminarlas, pese a que forman parte del sistema público de educación y reciben fondos oficiales para atender a sus alumnos.
En los últimos años, la ecuación 80%-20%, el equilibrio propuesto por la Junta, se ha roto. En Málaga, por ejemplo, este curso sólo el 18,79% del alumnado de los distintos niveles educativos está escolarizado en la concertada. La media española, según Ramón Seco director del colegio Maravillas de Benalmádena y presidente de CECE en la provincia, una de las patronales más importantes, es del 30%.
Por historia y tradición, los colegios concertados gozan de un prestigio que no poseen las nuevas y públicas instalaciones docentes. Puede que éste esté justificado en algunos casos y puede que en otros no sea más que un mito. Pero cada año, cuando la Junta abre el proceso de escolarización, la concertada se ve desbordada y no puede atender todas las peticiones que recibe. Es la gran baza que manejan estos centros para consolidar su posición y evitar la retirada de unidades. La demanda suele superar en un 23% la oferta de plazas en cada proceso de escolarización. Más de 600 familias se quedan sin poder llevar a sus hijos a la concertada en Málaga por falta de puestos escolares.
Alternativa barata
Otro punto a favor de la concertada y que no dudan en utilizar sus defensores: su misión no es competir con la pública, sino servir de complemento y alternativa a los padres. Además, insisten en que una plaza en un colegio concertado le cuesta a la Administración educativa la mitad (2.395 euros al año) que otra en la pública (5.352 euros al año), como recuerda Francisco Luis Martínez, presidente de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) en Málaga, la organización que aglutina a los centros educativos religiosos.
Los colegios concertados, en origen privados, existen porque antes la escuela pública no llegaba a todos los lugares. Allí donde el Estado no alcanzaba, existía un centro educativo que ofrecía este servicio, en algunas ocasiones dedicados a las clases sociales menos favorecidas. Llegó un momento en que hubo que regular su presencia, y nacieron los conciertos. Esta realidad ha cambiado, obviamente, con el paso del tiempo. Los concertados siguen estando donde se construyeron, generalmente en zonas densamente pobladas, sin ningún tipo de espacio libre para poder plantear alternativas desde la educación pública. Como durante años ha ocurrido en el Limonar, hasta hace cinco años se construyó el Parque Clavero.
Hay oferta pública prácticamente en todas las zonas de escolarización. «Nosotros somos alternativa», insiste Francisco Luis Martínez, que acusa a la Junta de utilizar la escuela concertada como arma arrojadiza con intereses políticos, «cuando deberíamos haber alcanzado hace mucho un pacto que dejara las disputas ideológicas al margen».
Ramón Seco, por su parte, incide en que de un tiempo a esta parte la Junta se niega a autorizar nuevas unidades, a pesar de que estaría justificado por la demanda. Es lo que pasó con el colegio La Reina, en la capital malagueña, por lo que, como ya publicó La Opinión de Málaga el pasado mes de julio, tuvo que intervenir el TSJA y fallar a favor de la ampliación del concierto de Infantil, en este centro, que el Gobierno andaluz negaba de forma sistemática pese a la demanda social.
Tampoco se conciertan nuevos centros, «a no ser que se traten de cooperativas, cuya petición, al menos, se estudiaría», dice. Y si hay que reducir unidades, «siempre intentarán que sea en la concertada, pero jamás en la pública», insiste. Pese a todo, una resolución también del Alto Tribunal ha obligado a la Junta a dar marcha atrás y tuvo que recuperar, de forma cautelar, el concierto de unidades en siete colegios de Huelva, Córdoba, Sevilla y Huelva. Málaga se libró de esta primera criba y teme ahora una nueva ofensiva que le haga perder aulas.
La escuela de las élites
En los antiguos centros privados sólo podían estudiar los niños pertenecientes a familias con recursos, que podían costear los precios de la educación de sus hijos. Estos colegios han formado a una serie de generaciones que, por la calidad de la enseñanza recibida pero, indiscutiblemente, también por su origen social, han venido ocupando puestos dirigentes en la sociedad, salvo excepciones, lo que generaría un efecto de mímesis.
Estos centros continúan existiendo, pero sometidos a un concierto educativo y, por tanto, de libre acceso para cualquier familia,
independientemente de sus recursos. Los padres de hoy admiran el prestigio de estos centros y quieren la misma educación para sus hijos... aunque, por lógica, los profesores se hayan renovado con el paso de los años.
Aunque todos los centros, públicos y concertados, están obligados a ofertar la asignatura de Religión para los padres que la deseen para sus hijos (el 80% de los niños de Primaria en toda España), muchas familias insisten en que desean matricular a sus hijos en un colegio religioso y confesional. Incluso lo eligen las familias que se declaran agnósticas. Muchos padres prefieren matricular a sus hijos en un centro sostenido con fondos públicos y confesional, aunque no sean católicos, antes que hacerlo en uno público, aun siendo más moderno, con aula matinal, servicio de comedor, actividades extraescolares, siendo bilingüe y TIC.
Los requisitos que debe cumplir un centro para ser concertado se basan en que ofrezcan una educación gratuita a los padres, tal y como expresa la legislación. Las actividades escolares, tanto docentes como complementarias o extraescolares y de servicios, no pueden tener carácter lucrativo y será necesaria la previa autorización de la Administración educativa de las cantidades a percibir de los beneficiarios en estas últimas, que no podrán formar parte del horario lectivo y serán de carácter voluntario, se incluye en la ley.
El centro debe ajustarse al programa curricular y contratar a los profesores ajustándose a la legislación. También tiene que respetar la normativa en vigor en el proceso de admisión de alumnos.
