La Consejería de Justicia e interior hizo efectivo ayer miércoles un nuevo pago de 1.256.335 euros al Consejo Andaluz de Abogados para sufragar la asistencia jurídica gratuita que prestan estos profesionales en Andalucía y que corresponde a una parte de los turnos de oficio del primer trimestre de 2013.
En una nota, la Administración andaluza afirmó que, tal como se viene realizando desde julio de 2012, se han atendido los pagos tanto a los letrados como a los procuradores, «pese a las dificultades económicas y presupuestarias del momento». Con este nuevo pago, el importe abonado en 2013 supera los 36 millones por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y los plazos de abono.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y representantes del consejo Andaluz de Colegios de Abogados acordaron el pasado mes de noviembre un nuevo calendario de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la compleja coyuntura actual.
La Consejería de Justicia e Interior se ha comprometido a sufragar todos los servicios prestados por los letrados pendientes del pasado año durante el primer cuatrimestre de 2014. En concreto, se sufragarán mensualmente todos los servicios y gastos de 2013 que hayan sido certificados por la Administración autonómica y que suponen una cuantía que supera los 18 millones de euros.
También han comunicado que la Junta ha abonado a los abogados andaluces un total de 90.720 euros correspondientes a una subvención del programa de orientación jurídico penitenciaria correspondiente a una parte de 2012.
La Consejería de Justicia e Interior destacó «el gran esfuerzo» que realizan los más de 8.000 letrados y procuradores andaluces en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, resaltando «su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio fundamental». La Junta recordó que el respaldo económico al programa de asistencia jurídica es una prioridad del Gobierno andaluz.
