Se acabó la espera. Los pétalos ya no corren por el aire, ni caen sobre fotos ni montículos de barro. Por fin están los nombres. Y los restos. A apenas unos metros de la catástrofe. Y en la falda de una pirámide que en su sobriedad restituye de la paz deshinchada a balazos e imposiciones durante décadas. Desde hace unas horas, por el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, el considerado mayor campo de exterminio del Franquismo y de la Guerra Civil, ya no se pasea con la cabeza hundida sobre los hombros, sino con una sensación parecida al orgullo. Y, sobre todo, al consuelo. A falta de que se completen los estudios de ADN y las condiciones presupuestarias permitan abordar el Parque de la Memoria, pendiente de la concesión de fondos europeos, el trabajo, modélico y pionero para el conjunto del país, ha finalizado. Con un balance, además, tan siniestro como reconfortante: la recuperación de los cuerpos de 2.880 personas de las 4.411 que la documentación cifra como asesinadas en el camposanto, entre 1937 y 1954, el periodo más brutal, junto a la guerra, de la historia reciente de la provincia.
«Es un orgullo, pero también muy duro y triste. Muchos familiares se nos han ido sin poder verlo», comenta Francisco Espinosa. El investigador, al igual que el arqueólogo Andrés Fernández y los miembros de la Asociación contra el Silencio y el Olvido, por la Memoria Histórica, ha sido uno de los grandes valedores de un proceso que suena por desgracia a excepción en esta España abusivamente cainita y encolerizada. En 2002, cuando el Ayuntamiento se proponía transformar el recinto en un parque, un grupo de familiares, entre los que también figuraba José Dorado, dieron la voz de alerta. Y el Consistorio, la Junta y el Gobierno, en consonancia con la serenidad de los promotores, empezaron a trabajar conjuntamente. Con apoyo moral, financiero y sin ningún tipo de reserva. Mientras en el resto el país todavía no se habían empezado a erizar los ánimos ni se proyectaba la Ley de la Memoria Histórica, en Málaga ya se pensaba de manera decidida en la pala. Ese mismo espíritu de concordia es el que ha presidido la construcción del mausoleo, que ha sido sufragado por las tres instituciones. «Hemos tenido la suerte de que la sensibilidad primara por encima de las diferencias políticas. Precisamente, lo que queríamos, obviar las ideas y poner en primer plano a las personas», reseña Espinosa.
El monolito piramidal, que ha costado 220.000 euros -el Gobierno ha aportado 100.000, la Junta 40.000 y el Ayuntamiento 80.000- contiene en una cámara subterránea los restos de las víctimas, que reposaban hasta hace apenas unos días en cajas individualizadas, en una dependencia especial de Parcemasa. Además del alivio, están otros grandes reencuentros, como el de la familia de Manuel Gallardo, que ha esperado más de setenta años para unir a dos hermanos aniquilados en el cementerio.
La historia prohibida en Málaga durante décadas es, ante todo, humana. Y eso es lo que se ha desbordado entre la tierra y los arbustos del cementerio desde octubre 2006, cuando se iniciaron las excavaciones. Televisiones de países tan aparentemente ajenos y remotos como Australia o Estados Unidos, ancianas sentadas a diario frente a la zanja, con sillas de plástico y pañuelo entre los dedos, interpretando en cada golpe contra el suelo una especie de velatorio reparador y llegado con vergonzosa demora. Francisco Haro, nieto de desaparecido, confiesa que en ningún momento pensó en que la tragedia de San Rafael adquiriera proporciones tan indecorosamente altas. «Se hablaba de cientos de víctimas, pero jamás pensé en esas cantidades», indica.
Ni siquiera Francisco Espinosa, uno de los familiares más avisados de lo ocurrido, quedó al margen de la sorpresa. Sus investigaciones en los archivos, junto al trabajo de campo de Andrés Fernández, no han dejado ni un momento de sacar datos a la luz y poner punto final a las elucubraciones. Algunas veces con certidumbres verdaderamente escalofriantes. Espinosa evoca la crudeza al descubrir la disposición de los cuerpos, salvaje y arbitraria, las paletadas de cal. Y, sobre todo, los niños. Alrededor de unos sesenta, probablemente huérfanos de fusilados mordidos por el hambre y las enfermedades.
A Espinosa le mataron el padre en 1937. Su madre estaba embarazada de él. El delito, como el de tantos represaliados, no fue otro que salir a la calle para defender la legalidad vigente. Era un carpintero, sensible a la política, pero ajeno a cualquier tipo de círculo de poder. Básicamente como la mayor parte de las víctimas de la guerra, de ambos bandos. Los informes de San Rafael revientan los tópicos, aunque no la crueldad, que resulta mucho más encrespada de lo que aparece en los manuales de Historia. Párrocos abrazados a crucifijos, invidentes, un centenar de mujeres, algunas de ellas embarazadas. La memoria de las exhumaciones, detallada con rigor y sin hojarasca por Andrés Fernández, refleja que la mitad de los fusilados apenas superaba los veinte años. Y con ellos aflora una cantidad de objetos que dan testimonio de sus vidas cotidianas: medallas religiosas, peines, mecheros. Hasta un dominó de caña.
De los archivos de la época, desperdigados por diferentes centros, llegan, no obstante, los enigmas pendientes. Los papeles oficiales, confrontados con el testimonio de familiares y supervivientes, documentan la ejecución en San Rafael de 4.411 personas. Son los nombres y apellidos recabados por Espinosa hasta el momento. Quizá la cifra real exceda ese número, pero en cualquier caso resulta una magnitud muy superior al volumen de cuerpos recuperado. Las hipótesis, en este sentido, vuelan en tres direcciones. Todas, por cierto, refrendadas con el aval de la literatura gubernamental de aquellos años. La primera apunta al traslado de alrededor de 600 víctimas, que fueron inhumadas en sepulturas privadas e individuales después de que la familia alcanzara un acuerdo económico con guardias y autoridades. El tío abuelo de Manuel Gallardo, José, concejal del Ayuntamiento , fue uno de los que obtuvo esta relativa merced, contada con toda la tristeza y solemnidad que merece por la investigadora Encarnación Barranquero: el cuerpo transportado en una sábana, acrisolado por una lluvia torrencial, con la presencia callada de la madre.
Otra de las conjeturas es el traslado, sin duda, ignominioso, de buena parte de las víctimas al Valle de los Caídos. Meses antes de la inauguración del monumento, el régimen invitó por escrito a todos los municipios a remitir al Gobierno una lista de fosas comunes e iniciar los trámites para trasladar su contenido a Madrid. No con ninguna vocación reparadora, sino para engrosar siniestramente las paredes del complejo funerario levantado por el dictador. Espinosa dispone de numerosas cartas en las que se especifica la orden. El propio investigador reconoce la dificultad para acotar con exactitud los números de la masacre. Recientemente, y como adelantó este periódico, ha localizado documentos en los que los propios funcionarios del ejército admiten que durante un periodo represivo ni siquiera se dio fe a las autoridades de las ejecuciones. La diplomacia estadounidense y británica habla de 17.000 muertos entre 1937 y 1944. Una auténtica barbarie, que, al menos hoy, queda restañada en su parte más sensible. La de los que crecieron sin saber.
