Sanidad

´Marcadas´ por detener un embarazo con problemas

La sombra de los abortos clandestinos del pasado se cierne sobre el debate de una la reforma

12.01.2014 | 05:00
Un profesional sanitario realizando una ecografía a una mujer embarazada.
Un profesional sanitario realizando una ecografía a una mujer embarazada.

El aluvión de críticas, incluso entre las filas populares, que ha generado el anteproyecto de reforma de la actual ley del aborto ha obligado esta semana al Gobierno del PP a mover pieza, eso sí, sin intención alguna de modificar su estrategia de partida. El aborto dejará de ser un derecho de la mujer y se eliminará el supuesto de malformación fetal grave incompatible con la vida. Los más optimistas esperan que la redacción final del texto, actualmente en trámite parlamentario, suavice algunos de los aspectos que más críticas está suscitando, para evitar una regresión a la ley del 85, mientras que otros aplauden que por fin se vaya a hacer justicia con el no nacido.

Las voces de muchos dirigentes del PP se suceden reclamando un mayor consenso, incluso la libertad de voto en la tramitación, al tiempo que los grupos de la oposición y las sociedades científicas defienden la ley de plazos que aprobó hace dos años el Gobierno de Zapatero. El viernes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó que analizarán lo que unos y otros tengan que decir sobre este asunto.

Vaya por delante que con la reforma que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, las 4.898 mujeres que en 2012 abortaron en la provincia de Málaga habrían cometido un delito, como también las 99 que interrumpieron su embarazo por graves anomalías del feto o las 12 que tomaron esta difícil decisión por malformaciones fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable. En definitiva, el nuevo texto dejaría fuera de la ley a nueve de cada diez malagueñas que interrumpieron su gestación el pasado año. Y es que, se busca regresar a una ley de supuestos (violación o riesgo grave para la salud de la mujer), en la que la opinión de los médicos prevalecerá sobre la de la gestante.

De cumplir su promesa, uno de los primeros informes que deberá analizar el Gobierno es el manifiesto que han suscrito varias sociedades científicas (entre ellas las sociedades españolas de fertilidad y contracepción) que defienden que la actual ley de salud sexual y reproductiva, «socialmente aceptada, garantiza la decisión de las mujeres sobre su maternidad y permite el aborto en condiciones de libertad, equidad y seguridad».

El ginecólogo y director de la URE Gutenberg de Málaga, el doctor Manuel Martínez Moya, suscribe palabra por palabra un documento que exige la retirada del anteproyecto porque «es inadecuado, injusto y peligroso para la salud y la vida de las mujeres».

Este médico defiende la actual ley porque da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, pero sobre todo porque «da a la mujer protagonismo sobre una decisión que afecta a su integridad física, psíquica, sexual y reproductiva».

Una ley «restrictiva», afirma, «no va a conseguir que disminuya la tasa de abortos» y lo que es peor, «van a volver los abortos clandestinos; las que tengan medios económicos se irán fuera y abortarán en condiciones de seguridad, y las que no, se buscarán quien les practique uno, aún a riesgo de su vida. Yo viví aquella época (en alusión a la década de los 80) y no quiero que vuelva».

Desmiente que con la actual ley hayan aumentado los abortos. De hecho, las cifras de 2012 confirman una ligero descenso. Casi 6.000 menos en toda España.

A su juicio, el punto más polémico de la reforma que quiere sacar adelante el PP es que «no considera patologías fetales muy graves y de diagnóstico tardío», que dan la cara después de la semana 22, «con todo lo que ello va a originar de sufrimiento emocional para la mujer, la pareja y el futuro hijo». Unos 3.000 casos al año que van a derivar en situaciones especialmente complejas y «crueles».

En el plano profesional entiende el mutismo que ha calado entre muchos de sus compañeros que prefieren no pronunciarse. No en vano, practicar un aborto fuera de los supuestos estipulados no tendrá reproche penal para la mujer, que se enfrentaría a una sanción administrativa, pero sí para el profesional que incumpla la nueva ley, más allá de sus convicciones morales. «Habrá muchos profesionales que, aunque entiendan la decisión de la mujer de abortar, no lo harán por las cargas legales que puede haber contra ellos».

Enfrente se posiciona el presidente de la Comisión de Deontología y Ética Médica del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Joaquín Fernández Crehuet, quien recuerda que es un «deber ético del médico respetar la vida humana en cualquiera de sus estadíos, por encima de cualquier permisividad legal que pueda existir» y más allá de lo que el legislador pueda establecer en un momento dado.

Está de acuerdo con una ley que es «más restrictiva», pero que, desde el punto de vista ético, «respeta la vida humana en casos de malformación grave». Crehuet parte de la base de que el aborto es «siempre un fracaso» y que más que «ir al detalle de la malformación grave, habría que ir a por qué hay tantos embarazos no deseados y abortos.

Considera que la nueva modificación que se propone está más acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 «cuando dijo que la vida prenatal es un bien jurídico que debe estar protegido, aunque en algunos supuestos médicos se podía despenalizar», en línea con la legislación que ahora se vuelve a proponer.

Ahora bien, considera que la nueva ley del aborto debería llevar parejo la aplicación de otra serie de reformas para «evitar que el coste emocional, social y económico de traer un niño con una malformación grave al mundo recaiga sobre la familia. «No se puede hacer una legislación restrictiva sin darle una salida lógica a la madre que tiene un conflicto», asevera, al tiempo que refiere el «respeto hacia la embarazada» y critica que el debate del aborto esté en el ojo del huracán como si fuera algo regresivo, «cuando hay otros asuntos más graves en el país».

En Andalucía, la Junta, a instancia del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, exigió el pasado 23 de diciembre la retirada inmediata del anteproyecto estatal de reforma, porque «vulnera la libertad y la capacidad de la mujer en relación a su maternidad y supone un serio riesgo para la salud sexual y reproductiva de la mujer».

La gala

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