La Consejería de Educación continúa con el proceso iniciado para retirar el concierto al colegio San Patricio, a pesar de que la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual, Flor de Torres, haya archivado la investigación abierta para determinar si existía discriminación por identidad sexual a un alumno de este centro, que se siente niña y quiere ser trata como tal. La Junta se mantiene así firme en la decisión adoptada y anunciada en su día por el consejero del ramo, Luciano Alonso, después de que el colegio desobedeciera las instrucciones dadas por la Administración Educativa para respetar la condición de género de este menor.

Fuentes de la Delegación Territorial de Educación aseguran que nada ha cambiado, aunque la fiscal no observe delito en la actuación de este colegio concertado de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria. Según indicaron, el procedimiento para revisar el concierto sigue, con la creación de la denominada comisión de conciliación, como expresa la legislación vigente. En los próximos días el centro será llamado en audiencia para que se explique y dé sus argumentos. Posteriormente se analizará y hará público el informe de la Inspección Educativa, que determinará si el centro ha incumplido o no con sus obligaciones, y por último se abrirá un periodo de alegaciones.

La amenaza de retirar el concierto a San Patricio movilizó a los padres, que hasta el momento se habían mostrado discretos y respetuosos con la demanda de la familia del menor con disforia de género, en contra de esta decisión de la Junta de Andalucía. En los últimos días incluso se inició una campaña en las redes sociales a favor de la tarea educativa que se lleva a cabo en este colegio de Huelin.

Fuentes consultadas por La Opinión de Málaga dudan, no obstante, de que caso pueda tener una argumentación jurídica que permita a la Junta quitar el concierto. Como ya publicó este periódico el 13 de diciembre, estos expertos indican que el colegio no ha cobrado dinero a los padres de manera fraudulenta, ofreciendo una educación gratuita tal y como expresa la legislación, uno de los principales motivos para rescindir conciertos. Las actividades escolares, tanto docentes como complementarias o extraescolares y de servicios, no pueden tener carácter lucrativo y será necesaria la previa autorización de la Administración educativa de las cantidades a percibir de los beneficiarios en estas últimas, que no podrán formar parte del horario lectivo y serán de carácter voluntario, se incluye en la ley.

El centro tampoco ha dejado de cumplir el programa curricular, ni ha procedido a la contratación de profesores de manera irregular. Tampoco se ha saltado la normativa en vigor en el proceso de admisión de alumnos. «Respetar o no la identidad de género de un alumno es una casuística particular y novedosa», expresaban las fuentes.