El que fuera responsable de la Aduana en el aeropuerto de Málaga hasta finales de 2005 ha comparecido este lunes como testigo en el juicio que se sigue contra 17 guardias civiles por pedir dinero a pasajeros para dejar pasar sus equipajes y ha declarado que los agentes no estaban autorizados para hacer trámites aduaneros sobre las mercancías que traían los viajeros ni podían pedir dinero por ningún concepto.

Este funcionario de Hacienda ha explicado que los guardias civiles podían inspeccionar los equipajes y si detectaban que había mercancías que no podían circular libremente tenían que llamar al funcionario de Aduana que estuviera en ese momento trabajando, destacando que "siempre", hasta las 22.00 horas, había alguien encargado de este servicio, aunque estuviera en otra terminal del aeropuerto.

Asimismo, ha precisado que si se trataba de comida que no estaba permitido llevar, como uno de los casos investigados en esta causa, tenían que haber informado al viajero de la legalidad vigente en ese caso y de que la mercancía iba a ser decomisada, tras lo que tenían que haberla destruido y tomado nota de ese decomiso en un libro que existía a tal efecto.

El funcionario, que con posterioridad ha colaborado en investigaciones como la del caso 'Malaya', ha explicado que la oficina en la que se instaló una de las cámaras de grabación con motivo del caso era para hacer trámites documentales, pero que se autorizó que los agentes la pudieran utilizar como zona de descanso y dejar determinados objetos personales.

No obstante, ha indicado que no encuentra justificación para que los guardias hicieran entrevistas a los pasajeros en esas oficinas tras inspeccionar sus equipajes, aunque ha admitido que eran los agentes los que tenían que ponderar y analizar las situaciones a la hora de inspeccionar y de decomisar o no las mercancías con el fin de adecuarse a la legalidad.

La investigación Ha asegurado que tuvo conocimiento de que se podían estar cometiendo prácticas corruptas porque algunas personas, entre ellas trabajadores de compañías, le informaron de que les habían llegado noticias de que los guardias "estaban poniendo la mano" y, además, algunos pasajeros "insinuaban" que tenían que pagar en Aduana porque "no habían querido pasar por el aro" previamente.

Otro de los indicios que tuvo fue que notó que había menos atestados y actas de Aduanas, aunque el número de pasajeros había aumentado. Entonces, ha explicado, tomó algunas medidas como presentarse de forma sorpresiva en la zona donde se hacían las inspecciones de los equipajes, aunque no detectó nada; o decir a los funcionarios de Aduanas que tuvieran más presencia en esa zona.

Asimismo, informó verbalmente a sus superiores y también a los responsables de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Ha manifestado que el perfil de los pasajeros era el mismo, personas no residentes en España, que entraban temporalmente o estaban en tránsito y que "desconocían las prácticas aduaneras y la legislación española".

Por su parte, el responsable de la Guardia Civil que actuó como instructor de este caso, que también ha declarado, ha coincidido con el funcionario de Hacienda en que los agentes "no pueden cobrar por ningún concepto" a los viajeros y que su papel debía limitarse a dar el documento correspondiente cuando llevaban determinadas mercancías para remitirles y dirigirles al departamento adecuado, ya fuera Aduanas u otro.

Ha explicado que la investigación se realizó en varias fases y ha sido cuestionado por la fiscal por cada uno de los casos. Aunque no ha podido concretar los detalles, al no recordarlos, el instructor sí ha indicado que en el caso del ciudadano chino, que también está siendo juzgado en esta causa, llevaba comida que fue intervenida y que "olía fatal".