Más de 1.300 familias malagueñas se han quedado sin el paraguas que ofrecía la Oficina de la Función Social de la Vivienda que operaba en la provincia. La admisión del recurso del Gobierno contra la ley andaluza antidesahucio por parte del pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en suspenso la aplicación de esta norma, a la espera de que se emita la resolución final.
La actividad de esta oficina desde su creación, hace poco más de un año, había permitido paralizar 912 desahucios y ha impulsado la expropiación temporal de una vivienda en Torremolinos para permitir a una familia que continuara vivienda en ella a cambio de un alquiler social. Esta oficina había enviado otros cuatro expedientes de expropiaciones al Consejo de Gobierno para su aprobación y había paralizado otros tres desahucios tras iniciar el proceso de expropiación, alcanzando con los bancos acreedores un acuerdo favorable a las familias. Además, tenía pendiente de resolver otros 7 procesos para retirar temporalmente la propiedad de otras tantas viviendas.
Actualmente, la oficina disponía de 1.325 expedientes activos de las más de 2.100 peticiones recibidas desde octubre de 2012, cuando inició su actividad. De éstos, algo más de la mitad de los expedientes (693) son familias que tienen un proceso de desahucio en marcha y en los que la oficina negocia con los bancos una salida para evitar la marcha de las familias.
La actividad de esta oficina estaba además recibiendo un importante flujo de peticiones de asesoramiento, con otras 135 solicitudes de asesoramiento y ayuda recibidas en diciembre, que habían derivado en la puesta en marcha de la maquinaria administrativa para frenar los desahucios.
La actividad de la oficina, que presta servicios a los afectados por desahucios hipotecarios en toda la provincia, también contabilizaba hasta final de diciembre en 1.520 visitas personales y atendido 1.131 consultas telefónicas.
Una de las actividades principales de esta oficina ha sido la intermediación con los bancos, para buscar acuerdos que permitan moratorias o renegociación de las deudas hipotecarias, planteando alternativas al desahucio de la vivienda. En poco más de un año se evitaron cerca de 1.000 salidas de familias de su vivienda. Además, asesoran a las familias con dificultades para hacer frente a la devolución de una hipoteca antes de que se produzca un impago y se inicie el proceso de desahucio y de informa a las personas que vayan a firmar una hipoteca.
El borrador del futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía prevé la continuidad del Programa Andaluz, aunque dependerá de la decisión definitiva que tome el Tribunal Constitucional.
