Economía

Unicaja decidirá si compra Ceiss sin alcanzar el 75% de apoyo que pedía

El plazo de la oferta expiró ayer y será ahora la entidad la que valore si ejecuta la operación

21.01.2014 | 05:00
La sede central de Unicaja en la avenida de Andalucía, en Málaga.
La sede central de Unicaja en la avenida de Andalucía, en Málaga.

Unicaja procederá estos días al recuento del apoyo que ha recibido finalmente su oferta de compra de la antigua Caja España-Duero (Ceiss) para decidir si finalmente ejecuta la operación. El plazo para que los accionistas y bonistas de Ceiss aceptaran la oferta de canje de bonos acabó ayer a las 15.30 horas y, según reconocieron fuentes del sector, está casi descartado que Unicaja haya logrado el 75% de respaldo mínimo conjunto que demandaba para realizar de forma automática la compra.

Sin embargo, la propia entidad ya introdujo en su día una salvaguarda en su oferta en la que se arrogaba la posibilidad de dispensar dicho requisito mínimo si entendía que el apoyo recibido era suficiente. Fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –dependiente del Ministerio de Economía, que desea fervientemente que la compra prospere– ya han estimado que el apoyo a la oferta estaría en el entorno del 60%-65%.

Ayer, en todo caso, el hermetismo en Unicaja era total, a la espera de conocer el recuento definitivo, que será luego valorado por el consejo de administración antes de tomar la decisión.

Las estimaciones previas, a partir de los cálculos del FROB, son que Unicaja ha logrado prácticamente el 100% del respaldo de los grandes clientes mayoristas (unos 4.000 entre instituciones y empresas). En cambio, sólo habría logrado el sí de en torno al 40% de los antiguos tenedores de preferentes y de deuda subordinada de Ceiss (un colectivo de bonistas formado por unas 33.000 personas). El capital emitido por Ceiss es de 1.200 millones de euros, de los que 800 están en manos de los bonistas y 400 en poder de los mayoristas. Según estas cuentas, Unicaja podría haber logrado atar en total 720 millones de capital cuando el objetivo mínimo era de 900.

La quita que imponía Unicaja a los preferentistas –que ya habían sufrido previamente otra a manos del FROB– y la obligación de renunciar a acudir a los tribunales han sido los elementos que han impedido un mayor apoyo, a pesar de los mecanismos de arbitraje y de acompañamiento habilitados para que aceptaran.

Según explicaron fuentes del sector, el ambiente en las oficinas de Ceiss en Castilla y León fue el habitual de los últimos días, en los que se registró una mayor afluencia de bonistas interesados en informarse de la oferta de Unicaja. Cerrado el plazo, se acometerán ahora la verificación, la «resolución de incidencias» y el recuento final, una información que tendrá que ser remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con un hecho relevante.

Por otro lado, en algunos círculos se ha apuntado a que Unicaja podría reclamar al Banco de España unos 200 millones de euros más para cubrirse ante las demandas judiciales contra Ceiss de esos preferentistas que no se han acogido a la oferta. No obstante, como recuerdan fuentes del sector, antes habría que preguntar a Bruselas. «Ahí seguramente la UE tendría algo que decir», dijeron.

En todo caso, recordaron que la idea inicial del FROB –que no contempla otro escenario que la compra de Ceiss por parte de Unicaja– es que el proceso quede dilucidado este mes de enero. «Es evidente que este proceso se ha iniciado con la idea de todos de que salga adelante. Pero será Unicaja la que tome la decisión valorando todos los elementos», comentaron.

Y es que nadie quiere ponerse en la hipótesis del fracaso de la operación. Principalmente, el Gobierno, que se vería obligado entonces a nacionalizar Ceiss, canjeando por acciones los 600 millones en bonos convertibles («cocos» en el argot financiero) que inyectó en el grupo, para pasar a controlar al menos el 50% de la entidad, como establece el Plan de Resolución de la entidad aprobado por Bruselas.

Otro porcentaje quedaría en manos de los grandes inversores y el resto sería para los pequeños ahorradores. Este escenario supondría que los 800 millones invertidos en híbridos en manos de clientes minoristas valdrían mucho menos que los 600 del Estado.

Esto equivaldría a un nuevo recorte al valor de lo invertido en su día por los preferentistas, que además recibirían acciones de una entidad que no cotiza y, por tanto, no podrían venderlas para recuperar parte de su inversión.

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