El administrador y socio mayoritario del MIT School de Málaga declaró ayer como imputado por un presunto delito de estafa, entre otros ilícitos, en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital. Ante la titular del órgano, Elena Sancho, negó los hechos que se le endosan, según fuentes judiciales consultadas por este periódico, que añadieron que no contestó a ninguna cuestión planteada por la acusación particular y que su defensa tampoco lo interrogó.
Las mismas fuentes explicaron que el imputado tiene interés en aportar documentación, como por ejemplo unos correos electrónicos con el fin de aclarar algunos puntos que se le achacan.
La declaración duró más de dos horas, y, según indican estas fuentes judiciales, «él se ha basado para no contestar a las preguntas en que es una querella instrumental que tiene como objetivo obtener la gestión de la sociedad».
La juez admitió a trámite una querella interpuesta por diecisiete socios del centro por los supuestos delitos de falsedad, estafa y delito societario.
Por otro lado, la Consejería de Educación, informó Efe el pasado lunes, 20 de enero de 2014, ya ha recibido al menos dos denuncias, en las que se manifiesta que se podrían estar produciendo irregularidades en dicho centro educativo en cuanto a titulación del profesorado, reparto de horas lectivas así como el incumplimiento de la normativa vigente referida a las instalaciones del centro.
En estas denuncias, se adjunta un listado de profesorado que sin titulación alguna o la requerida podría estar impartiendo clases en el colegio.
Debido a ello, los denunciantes han solicitado que por parte de la inspección educativa de la Consejería de Educación se inicie un proceso de revisión e investigación de las irregularidades antes mencionadas.
A consecuencia de las supuestas irregularidades que se podrían estar produciendo en el colegio, desde el pasado siete de enero se realizan manifestaciones de padres y profesores en las puertas del centro. También dos profesores, que forman parte del accionariado minoritario, han sido despedidos recientemente y otros denuncian acoso y sanciones por faltas graves por expresar su desacuerdo con la gestión.
