La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña anunció ayer que su grupo en la Cámara autonómica defenderá una Proposición No de Ley (PNL) en la que se solicitará a la Junta de Andalucía que subrogue los servicios de los más de 900 monitores administrativos despedidos, en vez de convocar nuevas plazas en las que los que tienen más experiencia y antigüedad quedan apartados.
Oña, acompañada de los parlamentarios andaluces Antonio Garrido, José Eduardo Díaz y Ana Rico, y de integrantes de SOS Plataforma Monitores Administrativos, explicó que desde 2006 la Junta delegaba la contratación de estos monitores a través de una empresa privada. «Si ahora ha decidido cambiar el criterio ante las denuncias de estos trabajadores por la situación precaria en la que se encontraban, lo lógico es que se volviese a contar con los mismos que desempañaban esta labor», expuso. «El problema surgió cuando en vez de actuar en este sentido, el Gobierno andaluz ha decidido deshacerse de estos más de 900 trabajadores -120 en Málaga-, quienes venían desempeñando su labor sin que hubiera queja al respecto y que lo único que habían hecho era denunciar su situación laboral, con condiciones cuestionables como que cobraban 4,5 euros la hora», denunció Oña.
