Los consejeros de Educación de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco han escenificado hoy de forma conjunta su rechazo a la LOMCE. Pocas horas antes de reunirse con el ministro Wert en la primera Conferencia Sectorial tras la entrada en vigor de la reforma, estas comunidades insisten en que es imposible que pueda entrar en vigor a partir del próximo curso. Así que piden que se frene su implantación. Es más, según Luciano Alonso, consejero del ramo del Gobierno andaluz, "si milagrosamente pudiera ponerse en marcha", Andalucía necesitaría 150 millones de euros al año.

Esta cifra correspondería solo a la puesta en marcha de la ley en Educación Primaria y FP Básica, así como para el programa de gratuidad de libros de texto. Alonso ha destacado que a pesar de que la aplicación de la LOMCE "supone disparar el gasto educativo por las nubes, el Ministerio no ha elaborado una memoria económica".

Para Alonso es una ley técnicamente deficiente, con errores conceptuales, graves incoherencias y vacíos, con un calendario de difícil cumplimiento y sin la adecuada financiación económica. Además prevalece la moral religiosa sobre los valores cívicos. "Es materialmente imposible que los proyectos educativos de centros estén listos para el comienzo de curso cuando aún hoy se está discutiendo y no conocemos al completo la normativa a nivel estatal". Así el consejero ha asegurado que "la nueva norma es imposible de aplicar".

Luciano Alonso, ha recordado la intención de la comunidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y ha comentado que, aunque no serán insumisos a la ley, adoptarán medidas propias en cuanto al currículo y, así, mantendrán la asignatura de Educación para la Ciudadanía y no harán públicos los resultados de "las reválidas". Es decir, que para paliar los efectos negativos de la Ley Wert, Andalucía elaborará sus propios decretos de enseñanzas que afectarán al currículo educativo. De esta manera, se va a favorecer una formación más humanista e integral donde se promoverá metodologías que potencien el desarrollo de las competencias básicas. El titular de Educación ha asegurado que "no vamos a ser insumisos pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía".