Los grupos de la oposición en la Diputación de Málaga, PSOE e IU, registraron ayer una petición para celebrar un pleno extraordinario en la institución con una orden del día que contempla 29 puntos. El primero de ellos es una moción conjunta para «combatir el déficit democrático como consecuencia de las decisiones del equipo del gobierno del PP».
Los portavoces del grupo socialista y de la coalición de izquierdas, Francisco Conejo y Antonia Morillas, respectivamente, registraron el documento ante la negativa del PP a convocar el pleno y tras rechazar en la pasada sesión ordinaria dos mociones, una sobre la reforma del aborto y otra por la ley antidesahucios.
«En la Diputación deben regir los principios fundamentales del Estado de Derecho; lo que reivindicamos es que en la institución se pueda hablar y debatir con libertad; solo pedimos libertad para hablar de los asuntos que afectan a los malagueños», afirmó a los periodistas Conejo.
En la moción conjunta propuesta para abrir este pleno extraordinario, ambas formaciones piden al PP que «erradique la práctica de vetar mociones». Los 28 puntos restantes corresponden a las mociones que el equipo de gobierno ha prohibido debatir. «Es lo que queremos y lo que el PP ha vetado, hablar de cuestiones que afectan a los malagueños: la reforma de la ley del aborto, los desahucios de las viviendas, los recortes de la sanidad, el empleo o las pensiones», señaló Conejo, quien recordó que los grupos de la oposición «sólo estamos ejerciendo nuestro derecho a que en la Diputación se actúe con democracia».
El portavoz socialista advirtió de que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, «aún teniendo que convocar esta sesión por imperativo legal, buscará algún subterfugio para intentar que no se celebre». «Le exigimos que sea valiente y no vete este pleno», dijo.
La respuesta del PP llegó de la mano del portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Francisco Salado, quien instó al PSOE e IU «a cumplir y a respetar el reglamento orgánico, un instrumento que garantiza la participación democrática y centra la acción política en los intereses, problemas y retos de la provincia».
Además, reivindicó la filosofía recogida en su articulado, concretamente en el punto 101, que marca que las mociones que se presenten al pleno deberán ser preferentemente de competencia provincial. «Desde el inicio del mandato hemos defendido la idea de que cada administración debe ocuparse de sus competencias, ya que es la clave de que no se solapen los ámbitos de actuación y de que la gestión pública sea eficaz», concluyó.
