Cambio de planes. El ministro de hierro volvió a mostrar su lado débil y no fue ayer capaz de soportar la presión ejercida por los consejeros de Educación de las comunidades autónomas, que se sublevaron contra la LOMCE, y ante el malestar de todos, incluidos los del PP, tomó la decisión de aplazar el desarrollo curricular de la reforma. Lo hará por fases, es decir, que primero abordará los de Primaria y FP básica, que entrarán en vigor el próximo curso, y dejará para más adelante los de ESO y Bachillerato.
José Ignacio Wert se vio ayer acorralado en la Conferencia Sectorial de Educación, la primera tras la aprobación de su reforma educativa, y en la que se debatió el proyecto de real decreto en el que se incluía lo que entra en cada una de las asignaturas y lo que tendrán que conocer los alumnos de cara a los exámenes finales o reválidas. Ni siquiera los suyos veían con buenos ojos tanta exhaustividad en los programas, que venían a poner en entredicho la autonomía de los centros y de las propias comunidades.
También estaban los tiempos. Demasiado cortos. Las prisas nunca son buenas consejeras, pero puede que aún menos en educación. Los más díscolos, para variar, fueron los consejeros de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, que por la mañana escenificaron de forma conjunta su sublevación contra la LOMCE. Sus semblantes de seriedad denotaban su rechazo e, inevitablemente, trasladaron su preocupación a la reunión.
Insistían en que era imposible que la nueva ley pudiera entrar en vigor a partir del próximo curso. Así que pedían que se frenara su implantación. Es más, según Luciano Alonso, consejero del ramo del Gobierno andaluz, «si milagrosamente pudiera ponerse en marcha», Andalucía necesitaría 150 millones de euros al año.
Esta cifra correspondería solo a la puesta en marcha de la ley en Educación Primaria y FP Básica, así como para el programa de gratuidad de libros de texto. Alonso hizo durante todo el día especial hincapié en la falta de una memoria económica de la LOMCE. El consejero andaluz considera que la «presión» de las comunidades ha llevado al ministro de Educación a hablar de financiación de la ley. «Por lo menos se nos ha dicho que va a haber financiación, ya veremos cómo se reparte pero no se puede hacer una ley de esa categoría sin financiación», señaló a la salida de la reunión.
Para Alonso, se trata de una ley «técnicamente deficiente, con errores conceptuales, graves incoherencias y vacíos», además de tener un calendario de difícil cumplimiento. «Es materialmente imposible que los proyectos educativos de centros estén listos para el comienzo de curso cuando aún hoy se está discutiendo y no conocemos al completo la normativa a nivel estatal», dijo. Así las cosas, parecía imposible que la ley pudiera empezar a aplicarse.
Wert le ha dado la razón. A medias. En la Conferencia Sectorial del ramo, el ministro aseguró a los consejeros que la FP Básica contará con una financiación de 2.000 millones de euros. De esta cantidad, 1.200 millones proceden del Fondo Social Europeo y los 800 restantes estarán cofinanciados por los gobiernos regionales. Del mismo modo, aunque Wert ha accedido a hacer cambios en el desarrollo de la reforma, mantiene que el curso que viene entre en vigor en los cursos inicialmente previstos: tercero y quinto de Primaria y FP básica.
De este modo, las administraciones autonómicas podrán concentrarse ahora en Primaria, aunque tengan el tiempo justo para aprobar sus desarrollos normativos a la ley, y pueda darse una segunda revisión a los currículos de la ESO y Bachillerato, que se han realizado, según han denunciado «de forma apresurada y sin rigor».
De hecho, los consejeros critican la «improvisación y precipitación» del Ministerio, pese a que ha accedido a fraccionar la aprobación de los programas.
