La Junta inicia un plan para combatir el fraude en los apartamentos turísticos

La propuesta del Gobierno andaluz incluye la obligatoriedad de todos los establecimientos y empresas del sector de inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía, la aprobación de una normativa por parte de la Junta que dé cobertura a las actividades que se realizan en un marco de alegalidad, y la constitución de mesas provinciales contra la clandestinidad, en las que participen las tres administraciones públicas.

El consejero explicó que el principal objetivo que se persigue no es sancionar, sino incentivar el afloramiento no solo de la economía sumergida en el ámbito turístico, sino también de la alegal.

De hecho, el sector estima que en torno al 20% de la oferta turística en la región es alegal, es decir, que no está regulada por la legislación. En cuanto a la actividad ilegal, en 2013 se levantaron en el conjunto de la Comunidad un total de 683 actas de infracción por competencia desleal.

Estos datos son aún más alarmantes en la Costa del Sol, donde hay más de 50.000 apartamentos sin declarar y cuya regularización es una demanda histórica de los hoteleros, empresarios de apartamentos turísticos y de los sindicatos. Una planta que, en su versión turística, supone una competencia desleal para la oferta reglada y que empobrece la salud del sector. Sobre todo, por la falta de garantías legales y de calidad que acompañan a algunos de los arrendamientos en negro.

Los hosteleros llevan años denunciando la existencia de un mercado negro que se ha creado en torno a los pisos o habitaciones sueltas que se alquilan con fines turísticos. Páginas y páginas de internet están llenas de entradas que ofertan una estancia económica en el destino deseado sin ningún tipo de control fiscal.

Muchos de esos propietarios han visto en el turismo una nueva forma de dar salida a sus propiedades vacías. Los denominados Bed and Breakfeast, viviendas particulares, en las que se ofrece cama y desayuno a un precio muy moderado, se han multiplicado en toda la provincia.

Según Rodríguez, el principal problema que existe en Andalucía no es la actividad clandestina, sino la actividad turística «alegal», cuyo uso carece de cobertura en la normativa turística, como las viviendas de uso turístico, los alquileres de habitaciones, los albergues de ciudad o los denominados Bed & Breakfast, que ofrecen alojamiento y desayuno.

Consciente del problema, la Consejería de Turismo planteará esta batería de medidas para su debate con los agentes sociales en la Mesa por el Turismo de Andalucía, que se celebrará el 14 de febrero. De manera que la Consejería prevé que puedan ser aprobadas a lo largo de este año.

Las principales medidas contra el fraude se resumen en tres líneas estratégicas básicas: aumentar la colaboración entre las instituciones implicadas en el turismo; regularizar la situación de los albergues turísticos y de las viviendas que se alquilan de manera ilegal, junto a la creación de mesas provinciales contra la clandestinidad.

Para facilitar el afloramiento de cualquier actividad ilegal, la Junta establecerá la obligatoriedad de inscribirse en el Registro de Turismo para todas las empresas que desarrollen actividades turísticas de Andalucía. La no inclusión del número de registro en cualquier publicidad, se entenderá por parte de la Junta como la realización de una actividad clandestina. Como consecuencia, los servicios de inspección levantarán automáticamente un acta de infracción.

Rodríguez anunció que la primera mesa de trabajo contra la clandestinidad se creará en Málaga el próximo 12 de marzo.

@matias_slb