El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) pidió ayer un plan de choque para reducir la pendencia de asuntos en los 14 juzgados de lo Penal de la capital, después que este periódico publicase en su edición del lunes, 10 de marzo, que algunos de estos negociados están en una situación cercana al colapso y que estan señalando juicios para 2016, aunque no en todos los casos.
El sindicato, tras conocer la publicación, hizo una ronda por los distintos órganos para conocer la opinión de los funcionarios. Así, el problema principal reside, dice STAJ, en que se está tardando una media de dos meses en sustituir a cada funcionario que se da de baja, lo que hace que se afronte con menos efectivos el trabajo diario en unos órganos en los que se trabaja con la delincuencia que más alarma social crea, la que abarca desde el tráfico de drogas hasta los robos en distinto grado pasando por los delitos contra la seguridad del tráfico.
«Entre las peticiones recogidas se encuentran: que las bajas por enfermedad se cubran en el plazo de un mes en aquellos juzgados donde se encuentren en esta situación dos o más trabajadores del mismo o diferente cuerpo, cubriéndose todos los órganos en que se exceda de un trabajador de baja de forma automática», explica la central en una nota de prensa remitida ayer.
Además, se exige que las bajas se cubran de forma automática en aquellos juzgados de lo Penal sobrecargados que sobrepasen los módulos de trabajo aconsejados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La organización está estudiando «todas y cada una de las propuestas de los trabajadores para elaborar una propuesta a la Junta». En los juzgados hay actualmente 12.000 sentencias pendientes de ejecutar, una cifra que se ha reducido precisamente por los planes de choque implementados por el Decanato.
