Decenas de miles de malagueños que tienen ingresos y no hacen la declaración de la renta (acogiéndose a las excepciones que prevé la normativa) podrían verse obligados a cumplimentar ese trámite ante Hacienda si sale adelante una de las propuestas que la comisión de expertos ha formulado para combatir la defraudación fiscal. El equipo dirigido por el catedrático Manuel Lagares no entra en los procedimientos y medios que la Administración utiliza contra la evasión. Tampoco profundiza en la cuestión de la elusión fiscal, la práctica, tan frecuente entre los grandes contribuyentes, de aprovechar los resquicios de la ley para reducir lo máximo sus pagos tributarios. Pero el documento sí plantea algunos cambios en la regulación del IRPF y el IVA y esboza la posibilidad de premiar actitudes de los contribuyentes como la exigencia de facturas en las reparaciones domésticas.
El informe que está analizando el Ministerio de Hacienda antes de lanzar su propia reforma fiscal plantea tres vías para reforzar el control sobre el impuesto de la renta: que más ciudadanos hagan la declaración, que exista un seguimiento exhaustivo de los patrimonios y que se supriman los sistemas de tributación por estimación objetiva, capítulo que afecta a autónomos, profesionales y agricultores.
En España, la obligación de hacer la declaración del IRPF nace, en el caso de los rendimientos del trabajo (salarios, pensiones o prestaciones por desempleo), cuando se supera un cierto límite de ingresos: 22.000 euros anuales si las rentas proceden de un solo pagador y 11.200 cuando hay más de uno. También existe la obligación cuando superan un cierto nivel los rendimientos obtenidos del capital mobiliario (depósitos, dividendos, fondos...) o inmobiliario (arrendamientos, rentas imputadas por viviendas en propiedad distintas a la habitual). A raíz de las excepciones que permite esa norma, en Andalucía hay unos 2 millones de ciudadanos que no hacen la declaración, entre ellos más de 400.000 malagueños. Lo que no quiere decir que no paguen impuestos, porque sus ingresos sí pueden estar sujetos a retenciones.
Ese colectivo está formado básicamente por trabajadores asalariados y pensionistas. «Sin duda, los límites a la obligación de declarar responden a la idea de reducir los costes de cumplimiento al contribuyente y costes de gestión a la Administración tributaria, lo que parece en principio un propósito encomiable. Sin embargo, esos límites pueden abrir la puerta la fraude y conducir a que la Administración no logre conocer ni gestionar las posibles obligaciones tributarias de una parte no despreciable de la población sujeta al impuesto», señala el informe de la comisión Lagares.
El texto del llamado comité de sabios propone a renglón seguido eliminar o reducir a niveles «muy bajos» los límites a partir de los cuales resulta obligatoria la declaración. «Se lograría un control más efectivo sobre la renta y un mejor conocimiento de las circunstancias de los potenciales contribuyentes», argumentan los expertos, partidarios también de un control «sin excepción» de los patrimonios de todos los contribuyentes. El seguimiento patrimonial (propiedades inmobiliarias, vehículos, cuentas bancarias...) debe ser, añade el documento, un instrumento capital para comprobar la veracidad de las declaraciones e identificar posibles comportamientos defraudatorios.
«Una adecuada lucha contra el fraude exige también (...) la desaparición de los regímenes modulares e indiciarios de estimación de bases imponibles». La comisión defiende en esos términos que se acabe prácticamente con el método de estimación objetiva que, para tributar por el IRPF, utiliza buena parte de los autónomos, generalmente quienes declaran ingresos más modestos, y los agricultores y ganaderos.
IVA y tributo por módulos
La «comisión Lagares» aplica idéntico criterio con el IVA y plantea la supresión del sistema de tributación por módulos. Básicamente consiste, al igual que la fórmula comentada para el IRPF, en que el propietario de un negocio paga IVA no con arreglo a sus ventas o ingresos reales, sino una cantidad fija cada trimestre que se estima teniendo en cuenta ciertos parámetros «objetivos » (tamaño y tipo del negocio, potencia eléctrica contratada, número de trabajadores...). Este procedimiento es obligatorio para numerosas actividades (hostelería, construcción, transporte, ganadería...) cuando no se supera cierto nivel de ingresos y ha alentado fraudes como el tráfico de facturas falsas. Tales sistemas «incentivan fuertemente el fraude fiscal», exponen los expertos, favorables también a acabar con el llamado «régimen especial de recargo de equivalencia », que para tributar por el IVA se aplica al comercio minorista.
La comisión considera además la opción de utilizar las «recompensas tributarias» como medidas antifraude. Se refiere así a la posibilidad de ofrecer algún beneficio fiscal a los ciudadanos que exijan facturas a sus proveedores de servicios u obras. El informe recomienda explorar esta posibilidad, aunque ciñéndola a trabajos contratados en el ámbito del hogar. Se duda en cambio de que resultara eficaz incentivar que los ciudadanos pidan facturas mediante la entrega de boletos para participar en sorteos, como ya está haciendo Portugal.
Una de las propuestas estrellas de la comisión, que aboga en su informe por suavizar los impuestos directos y elevar los indirectos, si bien el Gobierno ya ha dicho que no modificará el IVA, es la ampliación de la exención del pago de IRPF para las personas cuyos ingresos no alcancen los 12.000 euros anuales. Una medida de propósito noble, que en Málaga afectaría a alrededor de 13.000 personas, pero cuyos efectos, según muchos analistas, se diluirían en la práctica como un terrón de azúcar. Entre otras cosas, porque la mayoría de los beneficiarios potenciales -pensionistas incluidos- ya están fuera de la obligación de tributar por este concepto.
Las dudas sobre el informe también conciernen al gravamen por la vivienda, que se desplaza hasta el propietario y el inmueble de residencia habitual. Al menos, hasta que se reforme el IBI, que promete ajustar los valores catastrales a los precios del mercado, lo que deja entrever una futura elevación de la tasación y, por lo tanto, del impuesto -los valores del catastro están actualmente a alrededor del cincuenta por ciento-.
La ley Beckham para animar el turismo
El sector del turismo residencial ha recibido con regocijo la propuesta del comité Lagares para intentar atraer a las grandes fortunas y a los pensionistas de alto rango de otros países. La medida, esbozada en el informe, se hace eco de algunas de las demandas del gremio de la construcción e introduce un régimen especial al estilo de Portugal y Reino Unido para imantar a artistas, inversores y deportistas de élite. Entre las propuestas para seducir al capital foráneo, figura un tipo mínimo de tributación que se aplicaría a los pensionistas extranjeros que decidan mudarse a España. Además, se defiende una rebaja en el impuestos de sucesiones y se aboga por evitar que los declarantes tengan que tributar por sus viviendas habituales en el extranjero. También se resucita el espíritu de la llamada ley Beckham, al entender que un extranjero con contrato de trabajo debe tener la misma carga fiscal que un no residente.
