Los malagueños son los españoles que más acuden al juzgado para resolver sus problemas. El hecho es que el número total de asuntos registrados en los tribunales costasoleños durante 2013 fue de 436.799, un 4,8% menos que en 2012. Pese al decenso, ésta sigue siendo la provincia española con más litigiosidad: en los órganos judiciales hay 251,5 casos por cada mil habitantes, muy por encima de Madrid (193,6), Barcelona (170,19) y Sevilla (214,61).

El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, explica que esa tasa de litigiosidad se debe «a la conflictividad económica de la Costa del Sol y a que el hecho de que haya muchísima población flotante no censada es un caldo de cultivo para que haya más delitos».

Y pone varios ejemplos: «Si una empresa grande se declara en concurso de acreedores, se produce una sucesión de impagos en distintas mercantiles y todo ello acaba en varios pleitos en el juzgado». Ello también se demuestra con los procesos monitorios, un procedimiento en el que cualquiera puede instar una deuda, siempre que ésta se recoja en un escrito, y el secretario judicial insta a que pague la otra parte; si ésta no se opone, un auto ejecutivo zanja el problema y luego no se puede volver a plantear el tema ante un juez. Estos casos entran por decenas de miles en los juzgados malagueños: si la deuda es inferior a los 900 euros ni siquiera hay que pagar abogado ni procurador y si es menor a los 2.000, no se pagan tasas.

Lo cierto es que la herencia del ladrillo y de las operaciones inmobiliarias sigue pesando, y mucho, en los órganos judiciales de la provincia: en los juzgados se registraron 49.903 casos, como mínimo, de naturaleza económica: 2.292 asuntos entraron en los juzgados de lo Mercantil -271 de ellos son concursos-; 15.037 llegaron a las oficinas de lo Social -4.631 demandas de despido y 5.411 reclamaciones de cantidad-; 4.404 ejecuciones hipotecarias y 22.398 procedimientos monitorios.

También se pueden insertar en esta lista los asuntos contencioso-administrativos, 5.772, dado que muchos de ellos son relativos a funcionarios que reclaman parte de su sueldo o complementos laborales, o se trata de litigios en torno a la legalidad de una licencia de obra. A ellos hay que sumar los que se ven en la secciones civiles en la Audiencia Provincial y los procesos penales de trasfondo económico como las estafas o las apropiaciones indebidas.

Muchos asuntos que deberían haber acabado en los juzgados de lo Mercantil se llevan al área penal precisamente porque ésta tiene primacía sobre aquella. Muchos socios de empresas, con el fin de impugnar una junta de accionistas, interponen una querella en vía penal y ese acto queda suspendido cautelarmente, de tal forma que en Mercantil esa decisión tardaría meses dada su saturación.

La otra gran pata de la litigiosidad malagueña la conforman los asuntos penales. En la provincia hay 200 por cada mil habitantes, de nuevo la provincia con más litigiosidad también en esta jurisdicción: en 2013 entraron 348.841 asuntos.

«Todo esto se explica por las características de la zona: hay mucha población flotante, una actividad económica muy peculiar, inversiones arriesgada y muchos negocios turísticos, por no hablar de la especulación», señala Alcalá, quien aclara que es necesario aumentar la dotación de jueces que resuelven asuntos y poner en marcha, lo antes posible, la nueva oficina judicial, que implica la desaparición del juzgado y la creación de servicios comunes, y se espera que una agilización del trámite de los procesos.

«Es necesario que contemos con más jueces: estamos lastrados por la falta de medios, es terrorífico, no hay dinero. Ahí está como tenemos Estepona, por ejemplo», dice. La caída del volumen global de procesos es general en todo el país y en la autonomía, sobre todo por las tasas judiciales y la crisis, que ha hecho que al haber menos tráfico mercantil y financiero decaigan los procesos.