Profesionales médicos rechazan penalizar el mal uso de las urgencias

Los expertos han alertado en muchas ocasiones de que el 40% de las consultas en urgencias podían haberse tratado en atención primaria. En el caso del Hospital Clínico, según los datos de años anteriores, 6 de cada 10 pacientes tenían patologías que se podían haber resuelto en atención primaria al no revestir gravedad. En el caso del complejo sanitario Carlos Haya, que engloba también al Civil y al Materno, en 2013 se atendieron 320.400 urgencias, de las que sólo el 5,1% requirieron de ingresos hospitalarios.

En una intervención en el Foro de Nueva Economía y en presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, Sendín pidió «modular» el actual copago farmacéutico para familias con varios enfermos crónicos y se mostró en contra de establecer un copago por asistir al médico, una de las propuestas del informe de expertos sobre la reforma fiscal.

Sendín explicó que habría que penalizar a aquellos ciudadanos que no se retiran de la lista de espera una vez son atendidos o la duplican intencionadamente, a los que no se preocupan de retirar las pruebas diagnósticas o acuden a urgencias si no tienen cita en su centro de salud.

Ayer volvió a insistir en que el 40% de las visitas que se realizan a los servicios de urgencias hospitalarias son procesos «banales» y porque a la gente «no le conviene» ir a las consultas de Atención Primaria.

Nada más conocer las declaraciones del presidente de la OMC, algo díscolo -dicen las fuentes- en sus opiniones muchas veces contrarias a las de la organización a la que representa, todos rechazaron la medida pues vendría a aumentar las desigualdades entre pacientes.

De este modo, el delegado de Igualdad, Salud y Política Social en Málaga, Daniel Pérez, dijo que la Junta de Andalucía está completamente en contra por considerar que crearía una brecha social entre enfermos.

«Los recursos sanitarios no se tienen que ver como suministradores económicos del sistema», señaló, aunque creyó necesario concienciar al paciente con medidas como la puesta en marcha por la Junta hace unos años para que los enfermos conozcan el coste de ser atendidos. Según señaló, desde 2010 en Málaga se han anulado o reubicado más de 45.000 citas. «Así hacemos eficiente al sistema», señaló el responsable de Salud en la provincia.

Del mismo modo opinó el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, que apostó por concienciar a los ciudadanos. «En estos momentos de crisis no podemos someter a sanciones económicas a personas que atraviesan una situación desfavorable», señaló el presidente, que apostó por que pacientes y profesionales metan el hombro.

«La sociedad está medicalizada, pero es muy difícil por ejemplo en urgencias lograr que un número de pacientes que acuden no lo hagan, por motivos que podrían resolverse en atención primaria o inclusive con tratamientos en domicilio», señaló.

El presidente andaluz de la Sociedad Andaluza de Medicina de Urgencias y Emergencias (SAME) Fernando Ayuso, explicó que a su organización le da la sensación de que el Gobierno ha tratado de «usar» a Rodríguez Sendín para que lance la piedra y saber qué opina la sociedad. «Pero se ha levantado una polvareda, espero que no se les pase ni por la cabeza», dijo.

Ayuso explicó que es cierto que las urgencias se usan en ocasiones de manera abusiva y que alrededor de un 20% de los pacientes que acuden podrían resolver su afección en un centro de salud. «Pero el problema es que los centros de salud cierran a las tres de la tarde. No puedes dejar de prestar asistencia a alguien que la necesita», asegura. Pero, recuerda, que si alguien está enfermo y es viernes por la tarde, es lógico que no pueda esperar a un tratamiento al lunes o martes por la mañana. Aún así, admite que la educación sanitaria es fundamental. «Deben ser responsables y saber esperar a que se atiendan patologías más importantes más rápido que las banales. Amedrentar a la gente no tiene sentido», zanjó.

La portavoz de Salud del PP-A en el Parlamento andaluz, Ana María Corredera, también se mostró contra la medida. «No es justo penalizarlo, no creo que quien haga este uso lo haga con afán de perjudicar los servicios, sino porque tienen un problema», aseguró. Y es que la popular cree que quien acude a urgencias de un hospital lo hace porque cree que allí lo atenderán mejor que en atención primaria. «Soy partidaria de hacer una campaña de mentalización, la sanidad no es gratis, la pagamos entre todos», dijo.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha asegurado que hacer pagar a los pacientes que hagan un mal uso de la sanidad es injusto y culpabiliza a los enfermos con problemas económicos.

Además, la organización cree que esta medida puede provocar «enfrentamientos» de los ciudadanos con los trabajadores sanitarios, los cuales deberían evaluar la educación, e, incluso, poner en peligro la vida de la salud porque los pacientes podrían «retrasar» acudir a Urgencias o a las consultas ante el temor de tener que pagar.

Los sindicatos malagueños mostraron ayer igualmente su rechazo a la medida. Desde UGT, reconocieron que es cierto que a veces se hace un mal uso, aunque no creen que los problemas que atraviesa la sanidad pasen por ahí. De hecho, señalaron que la organización de las urgencias ya cuenta con esas cifras de casos de menor gravedad.

Desde CCOO sus responsables indicaron que la solución no pasa por penalizar, sino por analizar las causas sobre el porqué de la sobresaturación. «Hay que mejorar la accesibilidad y la red en lugar de disuadir».

La central sindical CSIF apostó por analizar en lugar de castigar al paciente. Por eso, cree que hay que dotar a la atención primaria de recursos para hacer frente a esos casos que después terminan en las urgencias de los hospitales.