Veinte años después de su introducción en la costa andaluza, el genio del picudo rojo se mantiene ingobernable. Ni la química ni la búsqueda de depredadores naturales ha conseguido sofrenar su ansia aniquiladora, que se mantiene muy lejos de la extinción. A pesar de los controles, las palmeras siguen muriendo. Y en algunos casos con enfrentamientos aparejados como el que ha mantenido recientemente el Ayuntamiento con su empresa concesionaria a propósito de la retirada de 25 de los ejemplares históricos del parque.
Desde que apareciera en Almuñécar, en 1994, el escarabajo no ha dejado de representar una amenaza. Con una variable, la económica, añadida con el trasiego de la crisis. El picudo no sólo se ha comido decenas de miles de palmeras en la Costa del Sol, sino que ha trazado un agujero insondable de fondos púbicos que en la capital se come ya alrededor de un millón de euros por temporada. Según los especialistas, cada planta afectada requiere un tratamiento periódico que supone entre cien y seiscientos euros al año. Y que a veces deviene en un misterio como el que ocupa al expediente del Parque, en el que nadie acierta explicarse qué errores se han cometido y por qué no ha resultado suficiente la terapia.
Respecto a esta nueva oleada de destrucción, son muchas las preguntas inevitables. La batalla del Ayuntamiento con la concesionaria parece discurrir en línea recta, pero en la práctica va más allá del mero intercambio de reproches. El Consistorio acusa a la empresa de escasez de celo en el trabajo y ésta, por supuesto, se defiende. No obstante, la duda salta por encima de los escenarios particulares. ¿Hasta qué punto eran ineludibles esas muertes? ¿Qué grado de falibilidad tienen los tratamientos?¿Se aplican todos los medios necesarios?
Enrique Quesada, catedrático de la Universidad de Córdoba y miembro investigador de Palm Project, la iniciativa puesta promovida por la Unión Europea para contrarrestar la plaga, considera muy difícil que el picudo pueda erradicarse. No obstante, se muestra más optimista en relación al coste de su convivencia. Especialmente, en lo que se refiere a las palmeras, que, en su opinión, no tienen por qué morir. Sobre todo, si se administra la terapia en tiempo y forma. Esto, traducido a la última polémica local, significa que los 25 ejemplares del Parque deberían haber respondido favorablemente a la estrategia de saneamiento, casi siempre basada en la poda y en los productos fitosanitarios. Otra cosa es que los métodos sean los más políticamente correctos. De hecho, el trabajo de Quesada en Palm Project se fundamentan en la búsqueda de alternativas menos agresivas con el medio ambiente, como los hongos y el control del transporte, que ha sido históricamente la principal causa de propagación de la plaga.
En su guerra de guerrillas contra el picudo, el Ayuntamiento se ha artillado con diferentes armas. Desde audífonos y perros para la detección precoz a cepos y pesticidas. No existe ninguna fórmula sagrada. En Murcia, por ejemplo, se llegó a utilizar un pesticida que la Unión Europea acabó por restringir por el daño que causaba a las abejas. La dificultad estriba en saber cuándo una palmera está infectada. El picudo es un enemigo de acción silente, que no descubre su obra hasta que el estropicio ya es irreversible . «Hay que actuar en todas las palmeras. Incluso, en las que están sanas. Si se hace de este modo y además regularmente la posibilidad de que sobrevivan es muy alta. Ahora bien, ¿puede y debe el ayuntamiento salvarlas a todas? El coste económico es grande», detalla Quesada.
La disputa entre el área de Parques y Jardines del Consistorio y Eulen tiene también un tercer actor, en este caso recurrente en los debates institucionales. En su discusión con la concesionaria, el Consistorio ha acusado a la Junta de desidia en el control del picudo, algo que no ha sentado muy bien de puertas para adentro en la administración autonómica. Miguel Pérez Cortés, director de Sanidad Vegetal de la delegación provincial de Agricultura, insiste en que la responsabilidad directa recae por ley en los propietarios titulares de las plantas, de manera que si las palmeras pertenecen al espacio público, el encargado de su mantenimiento es el ayuntamiento. «La Junta elabora la directiva y su labor es de asesoramiento. Pero no existe un SAS para las plantas», resalta. El problema añadido apunta a los particulares, que, como ocurrió en Elche, muchas veces optan por no comunicar el deterioro de las plantas de su propiedad para evitar asumir el gasto de la retirada. El picudo arrasa. En más de un sentido. Dos décadas más tarde.
