El Ayuntamiento ha decidido poner en manos privadas el control y vigilancia de las 3.483 viviendas públicas que administra el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Con un coste cercano al millón y medio de euros (1.433.850), la empresa que se haga con el servicio deberá llevar el control de actuaciones muy delicadas como las ocupaciones ilegales, información sobre la situación económica y social de los ocupantes; proponer desahucios o realojos; deberá controlar también el estado de uso y conservación de las viviendas e informar de las averías y desperfectos que se produzcan; está obligada también a confeccionar un censo de las viviendas y sus habitantes.
El Instituto Municipal de la Vivienda viene gestionando desde hace años el parque público de viviendas de la capital. Son actualmente 3.483 inmuebles, de ellos 2.185 son de propiedad municipal y los otros1.298 pertenecen a la Junta de Andalucía por medio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA); a ello se añaden 86 locales municipales y otros 43 de la Junta.
Estas viviendas, todas ellas de alquiler, necesitan de una continua conservación, además de diferentes trabajos relacionados con la inspección y control, tanto de las propias viviendas como de sus ocupantes para comprobar que son habitadas por sus legítimos titulares y no hay ocupaciones ilegítimas.
Hasta ahora y durante muchos años estos trabajos han venido realizándose directamente por personal del IMV, sin embargo ahora el organismo municipal ha decidido sacar a concurso este servicio alegando que «no cuenta con recursos humanos ni materiales para atender esta necesidad».
Actualmente el IMV gasta algo más de un millón de euros sólo en trabajos de conservación y mantenimiento del parque de viviendas. A su vez, este año tiene previsto recaudar 7,4 millones de euros en concepto de los alquileres que cobra, que tienen un tope de 350 euros.
Las empresas que se presenten al concurso están obligadas, según recoge el pliego de condici0nes, a contar con una plantilla mínima exigida compuesta por cinco inspectores, un inspector notificador, un técnico especialista en edificaciones, un licenciado en derecho, conductor y auxiliar administrativo. Además, quedan obligados a guardar absoluta confidencialidad sobre los datos que manejan, que deben poner a disposición del IMV, especialmente los referidos al censo de inquilinos, así como los relativos a la información económica de los inquilinos o solicitantes.
