El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la cuarta convocatoria pública para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud. Esta nueva medida viene a despistar al ciudadano, que ya no sabe a qué atenerse cuando va a la botica, pues entre las subastas, el copago y la desfinanciación, muchos usuarios -principalmente los mayores- no entienden qué ocurre cada vez que van a las farmacias.

Esta cuarta convocatoria afecta a todos los medicamentos para los que exista más de un preparado comercial en el mercado y concurren un total de 251 principios activos diferentes de 136 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes y que se encuentran en el mercado con 3.878 marcas o denominaciones comerciales distintas.

Con esta cuarta convocatoria el Gobierno andaluz prevé un ahorro anual de 36,6 millones de euros en este grupo de medicamentos, que sumada a las dos anteriores, según datos difundidos, alcanzarían los 137 millones de euros. Este grupo de medicamentos -entre los que se encuentran antihipertensivos, antidepresivos, tratamientos para el colesterol, antiinflamatorios, analgésicos, ansiolíticos o antihistamínicos- supusieron el año pasado el 28% sobre el consumo total de recetas de medicamentos prescritas en Atención Primaria.

Pero las oficinas de farmacia no apoyan las subastas. Es más, las tres primeras están recurridas ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno. Desde que se puso en marcha esta medida para ahorrar en fármacos, las boticas han denunciado desabastecimiento porque los laboratorios no tienen capacidad para producir medicamentos para toda la comunidad autónoma. Cuando la exconsejera de Salud María Jesús Montero presentó esta medida la calificó de «rompedora, responsable e innovadora» por pretender reducir la factura farmacéutica, pero sin reducir la calidad de la prestación. El sistema funciona de la siguiente manera: si el facultativo prescribe ibuprofeno, el farmacéutico debe dar el genérico que ganó la subasta. Pero el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos considera que invade competencias estatales y crea desigualdades entre los ciudadanos al no poder elegir qué medicamento tomar.

Pero mientras el Gobierno ha recurrido esta norma, en julio de 2012 impuso el copago en función de la renta, una medida con la que solo las personas en situación de desempleo sin subsidio están exentos de contribuir. Los pensionistas también lo hacen. Además, a esta medida hubo que sumar la desfinanciación de más de 400 medicamentos también en 2012. La lista de más de 400 fármacos incluía algunos de uso común como «Almax», «Pectox», «Hemorrane», «Fortasec», «Acetil Cisteína» o «Mucosan», todos ellos para síntomas menores.

Pero junto a estas subidas de precios, que afectan únicamente al ciudadano, la desfinanciación también ha tenido consecuencias negativas para la industria por la mencionada reducción de las ventas, a la que también han contribuido otras medidas adoptadas en el ámbito farmacéutico como el copago. Así, un informe de IMS Health publicado ya evidenciaba en febrero que el mercado farmacéutico en España había experimentado un decrecimiento del 10% desde julio, lo que había propiciado que desde entonces una de cada 10 unidades de fármacos haya dejado de venderse.

En medio de todo esto, el copago de fármacos hospitalarios, medida que la Junta se ha negado a poner en marcha. Afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a pacientes crónicos graves no hospitalizados, que tendrán que pagar un 10%.