­Las pesquisas de la policía en torno a un presunto fraude en los cursos de formación provocaron ayer la airada reacción de la Junta de Andalucía, que acusó al Ministerio del Interior de haber filtrado la información para empañar su imagen y la de la región. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, exigió una «rectificación inmediata» al Ministerio en sus informaciones y «acusaciones» sobre este posible fraude con las que, a su juicio, se persigue presentar una «causa general contra Andalucía».

Respecto al hecho de que la Comisión Europea haya anunciado que pedirá explicaciones, Alonso dijo que Bruselas debe pedirlas al Ministerio del Interior. «El ministro ha desaparecido, hemos intentado ponernos en contacto con él y no se pone al teléfono. No tenemos notificación de nada; eso es una vergüenza y un atropello a los andaluces, una falta de respeto que no es tolerable en un Estado de derecho», añadió Alonso.

«Colaboraremos con la Justicia y con la UE y con todo aquello que signifique transparencia y legalidad; no tendremos problemas en asumir lo que tengamos que asumir», aseveró el consejero, quien agrega que la Junta «sólo sabe lo que dice la prensa».

Alonso consideró que el ministro Jorge Fernández Díaz «deberá especificar y explicar los datos y decir de dónde los ha recabado para decir que existe fraude masivo en la formación profesional de Andalucía; deberá decir si los datos están contrastados, si se lo ha dicho a los organizaciones judiciales competentes, que diga qué empresas, entidades e instituciones y ayuntamientos están incluidos en dicho fraude, si se les ha notificado, y qué procedimiento se ha creado para emitir posibles alegaciones». El consejero lamentó también que en ese asunto el Ministerio «sea juez, ejecutor y parte» y apuntó que se trata de una estrategia conjunta con el PP andaluz contra la formación profesional en la región.

Las palabras de Alonso fueron contestadas por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que mantuvo una conversación telefónica con el consejero andaluz de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para asegurarle que Interior no ha filtrado ninguna información sobre la investigación de la UDEF. Fuentes del Ministerio informaron de que Martínez explicó que la UDEF lleva trabajando desde hace unos meses «con absoluta discreción y la máxima reserva» en una investigación abierta a raíz de datos detectados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La polémica provocó ayer numerosas reacciones. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la patronal malagueña CEM, Javier González de Lara, rechazó «cualquier tipo de vinculación» de la patronal con el supuesto fraude.

«Desconocemos la actividad de esas 17 empresas que podrían haber participado en el fraude. No tiene nada que ver con la organización patronal», subrayó González de Lara, quien añadió que la investigación llevaría abierta un año sin que en la CEA o en la CEM se tenga la menor constancia de la misma. Además, recordó que las patronales de empresarios llevan muchos años sin realizar cursos de formación con compromiso de contratación. «La CEA ha dado cursos, que han contado con auditorías y supervisados, pero no de este tipo, con compromiso de inserción laboral», detalló. Sobre la polémica entre la Junta y el Ministerio del Interior sobre una supuesta filtración, González de Lara apuntó que este tipo de informaciones y casos «no generan confianza desde el punto de vista empresarial».

«No sé si es una causa abierta contra Andalucía pero espero que esto no sirva para devaluar la imagen de Andalucía», subrayó y señaló su «sorpresa» por la valoración sujetiva» de que pudiera ser un fraude superior al caso de los ERE. «Para estas valoraciones están los órganos jurisdiccionales», dijo.

También UGT y CCOO en Andalucía destacaron su «tranquilidad» y destacaron la «absoluta legalidad» de sus actuaciones en esta materia. UGT-A dijo no tener «ninguna notificación de esa investigación». Por su parte, CCOO-A mostró su rechazo al uso de dinero público para pagar cursos que no se han realizado, «más aún cuando toda la Formación para el Empleo está cofinanciada por dinero de los trabajadores».