El Gobierno defiende las bodas ante notario porque estos son vistos como «funcionarios públicos altamente cualificados», una posibilidad que brinda la nueva reforma del Código Civil, que se incluirá en la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, según se desprende de una respuesta del Ejecutivo en el Congreso al diputado de IU Gaspar Llamazares.
Según denuncia Llamazares, de esta manera se fijará un arancel de 95 euros, con la excusa de que se trata de una medida que permitirá agilizar las listas de espera del Registro Civil con un coste asumible. Hasta ahora, en España existían tres vías para la celebración del matrimonio: uno ante las confesiones religiosas; el proceso civil ante el encargado del registro civil (juez); y otro la celebración ante alcaldes o concejales. En el caso del divorcio podrá hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo. Por ello, pregunta al Gobierno qué aporta el matrimonio ante notario, si se trata de una privatización del servicio público de la justicia, además de querer conocer si éste va a sustituir al matrimonio ante el responsable del registro civil. Ante ello, el Gobierno detalla que la posibilidad de matrimonio ante notario es una nueva opción que prevé el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria mediante la modificación del Código Civil.
