La Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente volverá a reactivar el expediente para el rescate de los Baños del Carmen si no se llega a un acuerdo con los concesionarios privados del balneario cuya negociación está en su «recta final», según adelantó ayer Ángel González, jefe del organismo.
González explicó que, en el caso de llegar a un acuerdo con los actuales concesionarios, «éste sería en términos muy distintos al actual, pues dicha concesión es incompatible con el proyecto público de regeneración de la playa y el paseo».
Ello quiere decir, añadió González, que no se podrá permitir cercar y ocupar la playa, por lo que habrá que tirar el muro y las construcciones existentes, salvo el edificio del balneario; también deberán desaparecer el resto de construcciones existentes como las pistas de tenis o el aparcamiento.
«Le hemos presentado varias soluciones y si no las aceptan iremos al rescate».
En ese caso, Costas «reactivará el expediente de rescate del balneario que se puso en marcha en 2010 y que en la tramitación que corresponde a Málaga está concluida». El expediente del rescate se remitió a la Dirección General de Costas para su dictamen final, que debe contar con un informe previo del Consejo de Estado.
Ni el dictamen final ni el informe del Consejo de Estado se han emitido pues el expediente de rescate «se paralizó» en 2011 «cuando se iniciaron las negociaciones con los privados».
La reactivación del rescate no supondría volver a iniciarlo, pero sí abrir algunos procedimientos nuevos, como el dar trámite de audiencia a los concesionarios para que hagan sus alegaciones. El responsable de Costas indicó que en caso de reiniciar el expediente de rescate éste podría estar concluido «totalmente en unos nueve meses».
De no haber acuerdo, Costas retomará las negociaciones que mantiene a su vez con el Ayuntamiento para hacerse cargo de manera conjunta del proyecto público de regeneración de la zona.
González explicó que la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que respalda totalmente la declaración de utilidad pública del rescate, «refuerza nuestra posición al confirmar totalmente la legalidad del acto administrativo que declaraba la utilidad pública del rescate», concluyó el responsable de Costas.
