El Defensor del Pueblo Andaluz ya instó en febrero de 2013 al Ayuntamiento de Málaga a modificar su sistema tarifario según el número de habitantes. Esa propuesta la recogió el Consistorio, que asumió los supuestos criterios de «ahorro y eficacia», e inició la tramitación. En el proceso participaron los representantes de las tres asociaciones de consumidores con mayor presencia en Málaga -Facua, Al-Andalus y UCE- , cuyas sugerencias fueron tenidas en cuenta, antes y después de la aprobación del régimen, según el PP, que resaltó ayer al respaldo institucional de Maeztu.

De cualquier forma, el cambio fue contestado por muchos grupos sociales, en concreto un centenar de colectivos, entre los que se encuentran federaciones vecinales, asociaciones de vecinos de varios distritos, de mayores y de profesionales, sindicatos, el PSOE e IU y la propia Facua, que se adhirieron a la Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua.

Esta iniciativa entregó el 27 de marzo en el Registro General del Ayuntamiento de Málaga con más de 36.600 firmas para pedir al alcalde que paralice el nuevo sistema de facturación de Emasa, que entró en funcionamiento en noviembre de 2013, y el cambio de los bloques tarifarios por considerarlos «injustos». Con este espaldarazo, el equipo de gobierno del PP sigue defendiendo «la Justicia» de la medida, e insiste en que hay que dar tiempo a la nueva factura para resolver todos los problemas.